martes, 19 de junio de 2007

Denuncian nuevamente a la empresa relacionada con las cacerías de tigres y leones en Extremadura

Mallazo 2 metros en Sierra del Palo
Extremadura, 19 de Junio de 2007

Ecologistas en Acción de Extremadura ha vuelto a presentar una nueva denuncia y petición de información sobre las actividades que realiza la empresa Sierra del Oro (responsable de las cacerías de tigres y leones descubiertas en diciembre de 2005) en la Finca Sierra del Palo, en la que esta empresa está creando un coto intensivo. Esta Asociación ha detectado varios posibles incumplimientos de la normativa y un grave impacto ambiental, por lo que piden se sancione a la empresa y se restaure el habitat afectado.


En la Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) Sierra de Siruela, según se recoge en el Decreto 232/2000,de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas de protección especial para las aves en la Comunidad Autónoma de Extremadura; la empresa del sector cinegético SIERRA DEL ORO (responsable de los famosos hechos acaecidos en diciembre de 2005, en los que se detuvo a varias personas implicadas en las cacerías de tigres y leones en una finca de Monterrubio de la Serena) continúa en la línea, según Ecologistas en acción de Extremadura, de escaso respeto a la legislación medio ambiental de Extremadura, en su gestión de la Finca Sierra del Palo en los municipios de El Risco y Garlitos (BADAJOZ).


Ecologistas en acción de Extremadura, ha vuelto a detectar actividades que se están realizando incumpliendo la legislación vigente en materia de caza (Ley 19/2001 de caza de Extremadura), entre otras la instalación de un mallazo de 2 metros de altura total y rematado por elementos punzantes. Este tipo de cerramiento impide el libre tránsito de la fauna, en muchos casos, afectando particularmente a los jabalís, ciervas preñadas y sus crías. Además la instalación de mallazo de construcción, un material no ideado para la realización de cerramientos, está ocasionando una gravísima afección paisajística y visual, tanto más cuanto que por allí discurre un recorrido senderista, el denominado "Ruta de La Celada", tal como se anuncia en la propia Web de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente


A esto hay que unir la realización de múltiples pistas-tiraderos, charcas, construcciones, silos para acumular alimento que se aporta de forma artificial a la fauna, pozos de sondeo, nuevos cerramientos con mallazo (en cercas interiores) y portones que cortan pistas forestales cuya competencia es de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, según la Ley de Caminos Públicos de Extremadura. Además, uno de estos portones podría estar cortando el camino público Siruela-Garlitos, por lo que debería estudiarse esta afección por las entidades competentes. Conviene reseñar que todas estas actuaciones ya fueron comunicadas a la administración regional en Diciembre de 2006.

La finca en cuestión es un Monte Consorciado con la Dirección General de Medio Ambiente, siendo la Empresa Sierra del Oro, un mero arrendatario de la caza. Todas las actuaciones de mejoras forestales emprendidas por la administración, como la instalación de plataformas artificiales para el buitre negro, son claramente incompatibles una actividad cinegética intensiva fuera de todo tipo de control. Por ser este espacio una zona ZEPA y LIC, además de hallarse incluido en el PLAN DE CONSERVACIÓN DEL HABITAT DEL BUITRE NEGRO EN EXTREMADURA, se han vuelto a solicitar a la Dirección General de Medio Ambiente las autorizaciones y/o informes pertinentes, en el caso de existir, dado que no se ha recibido respuesta en el plazo legal de dos meses que tiene la administración.

Desde Ecologistas en Acción de Extremadura se preguntan, ¿Qué hay que hacer en Extremadura para que sea inhabilitado un coto de Caza?. Los cotos gestionados por la Empresa Sierra del Oro y/o a sus representantes legales, han sido denunciados en múltiples ocasiones, algunas de dichas denuncias no solo han sido consideradas infracciones administrativas, sino delitos por los que se han llegado a pedir desde Ecologistas, personada en la causa como acusación popular, doce meses por tres años y once meses de cárcel y doce años de inhabilitación. En la causa de los tristemente famosos safaris, el abogado de Ecologistas en Acción ha considerado en su escrito de acusación que Manuel Domínguez, gestor de la empresa en ese momento, podría haber cometido tres delitos: dos por caza de especies en peligro de extinción y uno por tráfico y comercio de restos de las especies protegidas en peligro de extinción (la empresa está a nombre de su mujer, pero a Ecologistas en Acción le consta que quien gestiona la empresa es en realidad Manuel Domínguez).

Se preguntan desde este colectivo si tendrán que acumularse cientos de desmanes ambientales, antes de que podamos ver cerrados determinados cotos, y lamentan la deriva que está tomando la Dirección General de Medio Ambiente, de esconder la cabeza y mirar para otro lado, pues este hecho está sentando un mal precedente, y anima a los gestores cinegéticos ante tanta impunidad, a aplicar la política de hechos consumados, ahorrándose los trámites y autorizaciones pertinentes.

Confían que por fin en esta legislatura se cree una Consejería específica de Medio Ambiente, y también que el Consejero/a entrante reconsidere la política llevada hasta ahora, tome cartas en el asunto y apueste por una gestión cinegética más sostenible y natural donde no tengan cabida los abusos y atropellos cometidos hasta ahora, que perjudican notablemente la imagen de la caza en Extremadura. Y además, que se establezcan medidas ágiles que sirvan de salvaguarda de los valores naturales, así como sanciones ejemplarizantes.


Denunciadas nuevas actuaciones de la empresa que organizó cacerías de tigres

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