Montería celebrada en la zona de reserva del Parque Natural de Monfragüe 17 diciembre 2004

Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado por escrito a la Dirección General de Medio Ambiente explicaciones sobre las circunstancias por las que el pasado viernes 17 de Diciembre se desarrolló una montería en una finca privada de las Cansinas en la zona de uso restringido del interior del Parque Natural de Monfragüe.

Las cansinas desde el Mirador de la báscula

Para esta asociación es un disparate que en un refugio para la fauna silvestre, un lugar en el que supuestamente no se ha cazado en más de 20 años y al que ni siquiera puede acceder el público que lo visita para garantizar su conservación, se permita vender puestos para que disparen unas 65 escopetas y que participaran nada menos que 40 rehalas lo que supone un mínimo de 600 perros. En la citada montería se mató según los datos que aportan a más 100 animales entre ellos 17 ciervas y 35 ciervos.

Consideran los ecologistas que se han antepuesto los intereses económicos del propietario de la finca y los organizadores de la acción a los criterios de conservación que deberían primar en el que se supone es el espacio natural mejor cuidado de la región según alardea la Junta de Extremadura.

En la acción además se permitía abatir zorros lo que consideran muy grave habida cuenta de la posibilidad de que algún cazador disparara a un lince alegando confusión al disparar a cierta distancia y por el hecho de que algunos cazadores puedan disparar al bulto cuando se autorizan tantas especies (ciervos, jabalíes y zorros). Entienden menos aún que problema suponen los zorros que como depredadores mantienen el equilibrio natural de las especies y por tanto ayudan a que se recuperan de las enfermedades que los diezman a especies cono el conejo de monte, eliminado a los enfermos.

Con la autorización de esta montería desde Ecologistas en Acción de Extremadura consideran que se ha incumplido la ley de caza por parte de este organismo encargado de velar por su cumplimento, en concreto autorizando una acción cinegética cuando la ley autonómica de caza prohibe expresamente la caza en los parques naturales, no consideran que existan causas biológicas, técnicas o científicas que justifiquen lo que califican de “matanza”. Y que en todo caso hay muchos métodos alternativos que ni siquiera se han tenido en cuenta.

Para Ecologistas en Acción de Extremadura esta acción tiene poco de selectiva y les sorprende que haya sido recomendada por algún técnico como indica la Junta de Extremadura, en cuyo caso exigen su sustitución inmediata en este cometido, también piden una profunda renovación en el Servicio de caza, denominado Servicio Forestal caza y pesca, cuyos responsables suelen anteponer los intereses de algunos cazadores (entre los que se encuentran algunos trabajadores y responsables de este servicio) a la de la mayoría de los extremeños que no la practican, lo que es inaceptable especialmente en el caso de este parque natural.

Irregularidades en la central nuclear de Almaraz

Desde Ecologistas en Acción de Extremadura solicitan a la Junta de Extremadura, al gobierno y a la Fiscalía, que investiguen los hechos muy graves que se han hecho públicos gracias a dos programas en Telecinco y que están creando preocupación por la seguridad y los posibles efectos negativos en la salud de los extremeños que pueden estar provocando las emisiones radioactivas de la Central Nuclear de Almaraz.

Entre otras posibles situaciones irregulares reveladas estarían las de algunos trabajadores en las recargas periódicas de combustible. Solicitan que por parte de inspección de trabajo se revisen los sueldos y las dosis radioactivas que reciben. Denuncian que la Central Nuclear oculta las elevadas dosis diarias que reciben quienes entran en las zonas con más radioactividad diluyéndolos entre la totalidad de los trabajadores, dando los datos de radiación del conjunto de la plantilla, incluyendo los de las oficinas, sin especificar aquellos que reciben grandes dosis.

Estos hechos se encubrirían con la utilización del dato de los milisivert/año recibiendo algunos trabajadores dosis próximas al máximo anual en pocos días. Consideran los ecologistas que el CSN puede ser cómplice de estas prácticas muy peligrosas para la salud de los trabajadores. Califican de poco creíble la afirmación del director de la central de que no se paga más a los trabajadores que reciben dosis altas en las recargas, piden que desde la Junta de Extremadura se investigue y haga público si esto es falso o si se están justificando las primas como dietas, horas extras u otros conceptos no legales o son pagadas con dinero negro.

Consideran inaudito que todavía no se haya realizado un estudio epidemiológico independiente de los efectos que sobre las personas del entorno pudieron tener, por ejemplo, los accidentes del 13 de Junio de 1988, en que hubo una importante liberación de sustancias radioactivas, de las que ni siquiera se alertó a la población y que debió ser motivo de clausura, o del acaecido el 26 de Mayo de 1999 entre otros muchos, así como del efecto sobre la salud de la continua emisión de radioactividad que realiza la central nuclear, y que, según se desprende del programa, se podría encontrar por encima de los niveles máximos legalmente admitidos en la actualidad.

Piden se hagan más fácilmente accesibles los datos de radioactividad de la zona a los ciudadanos, se realice un estudio independiente, en tiempo real, sobre las emisiones de la central nuclear al entorno y se compruebe si los datos que actualmente facilita la central, el CSN o la universidad (alguno de sus departamentos como el de Física han recibido importantes subvenciones de la CNA) coinciden, son ciertos o están falseados.

Para Ecologistas en Acción de Extremadura resultan escandalosos los supuestos pagos y/o regalos que por parte de la central podrían haberse realizado a algunos políticos de la zona, como afirmó el alcalde de Saucedilla, exigen se investiguen estos hechos por parte de la fiscalía en los pueblos del entorno más cercano para clarificar si son ciertos, ya que serían muy graves.

En el mismo sentido piden que se esclarezca por qué muchos políticos de la comarca, la mayoría de los alcaldes y muchos concejales, son al mismo tiempo trabajadores de la central. Consideran muy difícil que algunos políticos no antepongan sus intereses económicos personales al interés general y la salud de sus ciudadanos y opinan que muchos de ellos parecen servir más a los intereses de la central, defendiendo continuamente su supuesta inocuidad.

Piden explicaciones sobre el poco interés de la mayoría de estos alcaldes por impedir los expedientes de regulación de empleo que la central nuclear está llevando a cabo en los últimos años, y su falta de preocupación por la merma de seguridad que está provocando la importante disminución de personal, como indicarían las múltiples paradas no programadas y accidentes que viene sufriendo la planta nuclear que sobrepasa ya los 20 años y, sin embargo, ha visto reducidos sus empleados a menos de la mitad en 10 años.

Por otra parte piden se aclare la cantidad de dinero que la central invierte en las fiestas populares de los pueblos del entorno.

Según los ecologistas, estos programas están revelando a la opinión pública las escandalosas deficiencias del Plan de Emergencia ante un accidente nuclear, y lo consideran absolutamente inoperante. En este sentido también creen imprescindible que se obligue a las centrales Nucleares a suscribir un seguro de responsabilidad civil ilimitada.

Ante todo ello exigen se anule el actual permiso de funcionamiento que estaría vigente hasta el 2010, en base a las múltiples irregularidades y a la amenaza que supone para la salud, procediendo a cerrar la central de inmediato, tal y como desean la mayoría de los extremeños.