En un escrito dirigido a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, la asociación Ecologistas en Acción de Extremadura ha vuelto a manifestar su oposición frontal a la propuesta de Autorización Ambiental Integrada (AAI en adelante) a la Cementera de Alconera (cuyo principal propietario es el conocido empresario Alfonso Gallardo). Con dicho documento esta organización ecologista, junto con otras organizaciones, continúa su lucha en contra de un proyecto y de una forma de actuar por parte de la administración autonómica, muy perjudiciales para Extremadura.
El proyecto de la Cementera de Alconera, tristemente famoso ya por los graves impactos medioambientales que supondrá (y que ya esta suponiendo) para la comarca donde está siendo construido, continúa su avance administrativo superando permisos y controles legales, sólo como meros trámites burocráticos, cuando en realidad debieran ser mucho más estrictos y generosos, por parte de la administración pública para con los ciudadanos. Aparentemente, la única generosidad de la Junta de Extremadura parece darse solamente con todo lo que se mueve por este empresario.
Ecologistas en Acción de Extremadura presentó un escrito de alegaciones previo a esta propuesta de Autorización Ambiental Integrada, en la que se expusieron toda una batería de críticas al proyecto en cuestión; aspectos tan importantes como no tener en cuenta ni la emisión de sustancias y partículas, ni las molestias por ruido de los trabajos directos con la materia prima (una parte importante de este complejo industrial). Solo se analizaba en este proyecto lo relacionado con la fuente energética de la planta, pero ni el apartado de las materias primas, ni la cantera, ni el tráfico pesado fue incluido en este estudio teóricamente “integrado”.
Las carencias del estudio -y las alegaciones presentadas por esta organización- continuaban por las referidas a la depuración de aguas residuales (contempladas en la solicitud de AAI, pero sin planos y sin intención aparente de construcción de depuradora alguna), por la contaminación de aguas subterráneas, por calcular las emisiones atmosféricas de forma nuevamente “integrada” (no dejándose sin tratar partes como el molino de carbón, el del “clínker”, etc.), y muchas otras. Aquí, y enlazando con la generosidad administrativa y política, podría mencionarse el punto 7 de aquellas alegaciones que hacían mención a la instalación de una red de controles atmosféricos orientada a la detección de emisiones nocivas para la salud de las personas, principales afectadas por este complejo industrial, aunque haya políticos y técnicos que quisieran derivar la preocupación “a los murciélagos”.
El nuevo escrito presentado, abunda en la crítica en los escasos controles demandados por la administración ambiental extremeña, tanto en lo que respecta a estudios preventivos (por ejemplo se argumenta en el punto 2, la realización de un estudio de emisiones después de la concesión de la autorización, lo cual sería jocoso si no fuera ofensivo para los ciudadanos afectados), como nuevamente en los puntos de análisis de emisiones atmosféricas (punto 2).
En los puntos 4 y 5, se critica la falta de mediciones contínuas referidas a metales pesados y a otros compuestos como furanos y dioxinas y también la falta generalizada de controles atmosféricos en el interior de los edificios del complejo y en la planta de trituración de rocas, que dice mucho del escaso respeto a las condiciones laborales de los trabajadores proyectado.
Como se argumentaba, aunque este complejo industrial comienza ya a ser un hecho que ha cambiado prácticamente la fisionomía de una comarca que apostaba por el desarrollo patrimonial y natural, y que ha quedado manchada con un monstruo visible a decenas de kilómetros a la redonda; como se argumentaba, decíamos, al menos, la Junta de Extremadura podría haber exigido unos controles estrictos a este empresario en lo que respecta a atmosféra y aguas superficiales y subterráneas de todas y cada una de las posibles emisiones que pudieran afectar a la población. Con respecto a los mencionados con anterioridad, pero también con respecto a los controles discontínuos, que deberían ser aleatorios para evitar que la empresa esté prevenida ante las mediciones y que puedan falsear los resultados. O, asimismo, con respecto a la vigilancia de la calidad de las aguas (caudales, sólidos en suspensión) en la fábrica, en las canteras o en los tributarios del embalse de El Castellar. Pero todo esto encarecería un proyecto que en apariencia al menos parece estar siendo demasiado fácil para este empresario, empeñado en arruinar las hasta ahora excelentes condiciones ambientales de Extremadura.
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