Ecologistas en Acción de Extremadura se ha desvinculado de las continuas y rimbombantes declaraciones que se vienen realizando -tanto desde la Consejería de Agricultura y medio ambiente como desde la Dirección General de Medio Ambiente-, en las que se alardea de dar participación pública a los diferentes colectivos sociales en las decisiones que se toman, y en concreto se cita la participación de Asociaciones conservacionistas y ecologistas en las juntas rectoras o en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMEX).
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura critican el mal uso que hace la Junta de Extremadura de estos órganos de participación ciudadana, que son utilizados básicamente como escaparate para presentar iniciativas, como excusa para no facilitar la información a las Asociaciones que no están allí representadas, en vez de lo que deberían ser: auténticos órganos consultivos y de debate que sirvan para pulsar de primera mano las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad.
Pero lo que especialmente les preocupa es que dichos órganos sean empleados de modo recurrente para justificar las decisiones políticas de la Junta de Extremadura, haciendo creer falsamente que muchas de las decisiones que se toman son compartidas por todos los colectivos sociales -entre los que se intenta incluir, claro está, a todo el movimiento ecologista-, pese a que la Junta conoce perfectamente la oposición de Ecologistas en Acción de Extremadura y otras asociaciones ecologistas a algunas decisiones que se toman.
En este sentido, desde Ecologistas en Acción de Extremadura han manifestado su estupor e indignación ante la decisión de la Junta de Extremadura de no permitir que una asociación con implantación en toda Extremadura disponga de un solo representante en ninguno de los espacios protegidos de la región, pese a la solicitud expresa de este colectivo antes de que se constituyeran los mismos, tal y como desde la propia administración autonómica se les pidió.
Desde Ecologistas en Acción de Extremadura consideran que la Junta de Extremadura ha primado la presencia de algunos grupos que, a juicio de la Administración, pudieran ser más influenciables o dependientes de los recursos que les aporta mediante subvenciones, y siente en cambio escaso interés por la presencia de las organizaciones ciudadanas que, como Ecologistas en Acción de Extremadura, se mueven con absoluta independencia política y económica. En ese sentido, dicha organización recalca que entre los cargos de representación de Ecologistas en Acción de Extremadura no se permite la presencia de personas con relevancia en ningún partido político ni se solicitan subvenciones desde la federación regional a ningún organismo público.
Asimismo desean poner de manifiesto que, hasta la fecha, únicamente se ha permitido a Ecologistas en Acción de Extremadura participar en una reunión del CAMEX -fruto de una petición conjunta de todos los grupos con representación en ese órgano-, y que en la misma, lejos de reinar el consenso entre las Asociaciones Ecologistas y la administración autonómica, como al parecer intenta hacer creer la Junta de Extremadura, se puso de manifiesto el descontento general de las Asociaciones Ecologistas con la política ambiental y de desarrollo promovida desde la Administración, siendo quizá lo más destacado el enfrentamiento existente por los proyectos de Refinería, Térmicas, o la política forestal.
Por otra parte también critican el proceder de algunas organizaciones agrarias, que fomentan una alarma social injustificada entre agricultores y ganaderos, empeñadas al parecer en hacer pensar a los ciudadanos que la creación de un espacio protegido puede conllevar automáticamente la expropiación de sus terrenos, la prohibición de cultivar la tierra en terrenos agrícolas o poseer ganado. Dichos extremos, como ya ha aclarado la Junta de Extremadura en varias declaraciones, son falsos.
Además desde esta Asociación recuerdan que los fondos Europeos van a primar las explotaciones agroganaderas sostenibles ya existentes en los espacios incluidos dentro de la red Natura 2000, que además les dará una imagen de respeto ambiental y menor presencia de contaminantes ante el consumidor que facilitará su venta entre ciudadanos cada vez más concienciados y exigentes, con lo que lejos de ser un perjuicio serán un beneficio para quienes tengan sus fincas dentro de estos espacio protegidos.
En este sentido recalcan que en los espacios protegidos lo único a lo que parece atreverse la Junta de Extremadura hasta ahora es a hacer cumplir las leyes que se incumplen sistemáticamente en el resto de la región por la dejación de la administración autonómica y de muchos ayuntamientos. Por todo ello exigen una política más comprometida con la conservación del medio ambiente; una política que ponga freno a la degradación de nuestros espacios naturales originada por la especulación urbanística y a la extinción de especies como ya puede haber ocurrido -o puede suceder en un plazo breve- con el Lobo Ibérico, la Anguila o el Lince Ibérico.
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