La Dirección General de la Competencia de la Unión Europea acusa recibo de una Queja presentada por Ecologistas en Acción de Extremadura contra el proyecto liderado por el Grupo Alfonso Gallardo y asegura que iniciará en breve las pesquisas oportunas para examinar la información presentada.
El 24/05/07, Ecologistas en Acción de Extremadura ha recibido contestación de la Comisión Europea a través de la Dirección General de la Competencia, al escrito presentado ante dicha oficina mediante el que se presentaba una Queja sobre las ayudas de diferentes organismos públicos de la Junta de Extremadura (España) al proyecto de refinería de hidrocarburos de REFINERIA BALBOA, S.A., por la posible vulneración del régimen comunitario de ayudas públicas en el mercado de productos petrolíferos. La asociación ecologista, además, espera también que se dé trámite a una denuncia presentada ante otro organismo de la Unión Europea (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude -OLAF-) por circunstancias similares.
En la queja enviada a Bruselas por el grupo ecologista, inicialmente se presenta el proyecto industrial de refino de petróleo, a la empresa y a los que son sus responsables (según consta en los correspondientes registros mercantiles), y tras resumir la composición del accionariado según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se detiene brevemente en explicar el importantísimo movimiento social surgido en Extremadura a raíz del proyecto, abanderado principalmente por la Plataforma Ciudadana Refinería No, Ecologistas en Acción y todo un conglomerado de asociaciones agrarias, ecologistas, empresariales, etc..
- Manifestación plataforma ciudadana refinería No
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A continuación, tras recordar brevemente la circunstancia de la reforma liberadora del Derecho Comunitario en lo referente a la libre competencia, de la que se beneficia el sector de los hidrocarburos, se centra dicho escrito en tres de los ocho accionistas del proyecto: los socios "públicos", esto es, la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX, con el 20-22% de participación), Caja de Ahorros de Extremadura (3 %) y Caja de Ahorros de Madrid (10 %). Con respecto a estos dos últimos esta organización ecologista explica que pese a que se tratan de entidades consideradas "fundaciones privadas", en la práctica están gobernadas y gestionadas por indicación de los gobiernos autonómicos, no siendo infrecuente que altos cargos públicos pasen a formar parte de los consejos de administración de estas cajas. En este punto, el documento presentado ante la U.E. especifica también que, además, el Presidente de Caja de Ahorros de Extremadura (Jesús Medina Ocaña), es el vicepresidente de Refinería Balboa S.A y ha sido miembro del gobierno regional de la Junta de Extremadura.
Tras esta introducción Ecologistas en Acción pasa en su escrito a analizar los fundamentos jurídicos que le han llevado a enviar dicha queja y a denunciar el caso ante la OLAF; en primer lugar se centra en el hecho de que la consecución de los socios del proyecto fue debida en parte a que se contaba con una serie de socios, que a su entender, por su carácter público, hacía que se estuviera vulnerando el Tratado de la Unión Europea en lo referente a "falsear o amenazar con falsear la competencia" (Art. 87). De hecho el concepto jurídico comunitario de "ayuda de estado", es muy amplio y no sólo se refiere a subvenciones directas sino también a ayudas indirectas, como puede ser el caso de este intervencionismo público en el accionariado de la empresa. Así, el proyecto industrial cuenta con aproximadamente un tercio de ayuda pública, lo cual puede tratarse de una proporción demasiado elevada como para aconsejar que las autoridades comunitarias de la competencia analicen la posible vulneración del derecho de la unión.
Continúa la queja centrándose en el hecho de que el holding al que pertenece la empresa receptora de las subvenciones, desarrolla sus actividades empresariales principalmente en el sector siderúrgico, el cual queda excluído expresamente de la posibilidad de recibir apoyo económico del que se destina a zonas desfavorecidas, como es el caso de Extremadura. Ecologistas en Acción cree que al ser la actividad principal del Grupo Alfonso Gallardo siderúrgica, con dichas subvenciones se está apoyando en la práctica de hecho dicho sector industrial, incompatible con este tipo de ayudas públicas.
- Manifestación Cáceres
- 6 Mayo 2006
Para finalizar, los escritos presentados y registrados en las mencionadas oficinas de la Comisión Europea, aportan también como apoyo otros elementos que son a su entender dignos de ser investigados por dichos organismos; este es el caso de la recepción de una importante cantidad de ayudas públicas por parte de otra de las empresas de Alfonso Gallardo; Cementos Balboa, que recibió el 73% del total de las ayudas destinadas en Extremadura a las pequeñas y medianas empresas, la cual, aunque quizás no pudiera considerarse jurídicamente como en otra categoría empresarial, si que pertenece a un holding que sobrepasa con creces dicha consideración, y factura aproximadamente 1.500 millones de euros al año.
Otro de estos elementos aportados para finalizar, es la más que sospechosa circunstancia de que dos personas de gran relevancia en el proyecto industrial de Gallardo, lo son también del partido político que gobierna en Extremadura desde 1983, que es en la práctica el grupo que ha apoyado hasta la sospecha este proyecto industrial, el PSOE; dos personas de importancia en el partido, dicen, concretamente el caso de Jesús Medina Ocaña, mencionado más arriba, pero sobre todo, el de Francisco Fuentes Gallardo, que es el Secretario General del PSOE en Badajoz, y que a su vez es sobrino y heredero del patrimonio de Alfonso Gallardo (que no tiene hijos), lo cual a juicio de Ecologistas en Acción de Extremadura tiene y ha tenido una importancia capital en el desarrollo de todo este complejo financiero-político en el que el PSOE de Extremadura ha embarcado a toda la sociedad extremeña.
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