Denuncian nuevas construcciones ilegales en espacios protegidos

Chalet de la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena

Ecologistas Extremadura, continuando en la línea de denuncia de delitos ecológicos y urbanísticos cometidos en espacios naturales protegidos de Extremadura, ha presentado nuevos casos ante las fiscalías de medio ambiente y los respectivos Ayuntamientos, en concreto por construcciones presuntamente ilegales en el ZIR, ZEPA, LIC y humedal Ramsar del Embalse de Orellana y Sierra de Pela. También se han seguido denunciando construcciones ilegales en El ZIR y ZEPA de Sierra de San Pedro, en el término municipal de Cáceres, y algunas obras, como las que se llevan a cabo en las proximidades de la localidad de Guadalupe situadas en un área declarada protegida bajo dos figuras: el "Corredor Ecológico y de Biodiversidad del río Guadalupejo" y el "LIC Río Guadalupejo".En este último caso se trata de trabajos de explanación del terreno, y que presuntamente tienen como finalidad la construcción de un chalet particular en un entorno de gran valor paisajístico: en la cabecera del río Guadalupejo, aguas abajo del embalse de abastecimiento de Guadalupe. El paisaje es aún virgen, con la sierra de Las Villuercas al fondo.

Trabajos de explanación junto al río Guadalupejo

La Asociación ecologista se hallaba también en proceso de presentar denuncia contra la construcción ilegal de la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena cuando se ha conocido la interpuesta directamente el SEPRONA, por lo que nuevamente felicitan a ese cuerpo de seguridad del estado. La asociación, no obstante, estudia personarse en esta y otras causas por construcciones ilegales como acusación particular para apoyar la acción de la justicia y el respeto al medio ambiente.

Los ecologistas se felicitan por el rumbo que están tomando los acontecimientos en relación con los delitos urbanísticos en nuestra comunidad autónoma, después del gran número de infracciones urbanísticas (presuntos delitos) por ellos denunciadas en La Vera, Sierra de San Pedro, Villuercas, Llanos de Cáceres o el propio Embalse de Orellana y Sierra de Pela. Parece ser que tanto las autoridades judiciales como el SEPRONA están tomando en serio el problema, y confían en que en breve empiecen a emitirse las primeras sentencias de derribo y restauración del ecosistema.

Lamentan, no obstante, que no se pueda decir lo mismo de la Junta de Extremadura y sus Consejerías implicadas. No por no contar con unos excelentes profesionales en sus filas, como por ejemplo en la Guardería de Medio Natural, sino por estar dirigida por los mismos políticos que este mismo fin de semana apoyaban al alcalde de Villanueva de la Serena en la rueda de prensa celebrada por éste y cuya esposa ha sido implicada en el presunto delito urbanístico ya conocido por todos. En concreto le acompañaba José Luis Quintana, Consejero de Fomento, cuya Consejería paradójicamente será la encargada de sancionar las infracciones cometidas en el caso de que la sentencia de los tribunales sea condenatoria. Otra de las personas que parece dar soporte al alcalde es la Consejera de Economía Dolores Aguilar, quien ostentó la presidencia de la Junta Rectora del ZIR de Orellana y Sierra de Pela, es decir una persona que supuestamente debería haber velado por la conservación de este espacio natural y haber impedido actuaciones como las de la esposa del alcalde de Villanueva.

Vallado de la zona de policía del embalse parcela de la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena

Más nefasta aun consideran la posibilidad, manifestada en los medios de comunicación por algunos representantes del PSOE extremeño, de legalizar las construcciones ilegales de este y otros enclaves afectados en Extremadura: consideran los ecologistas como muy grave. la irresponsabilidad y la hipocresía de este partido en la región, pues por una parte legisla para impedir los atentados ambientales y por otra favorece la impunidad pasando por alto todos estos delitos.

Con respecto al alcalde de Villanueva de la Serena, como ha manifestado en los medios de comunicación, quizás no haya tenido responsabilidad jurídica en los hechos, pero sería necesario comprobar quien contactó y contrató a las distintas empresas constructoras, y quien gestionó y participó en el control de las obras. Además, habría que intentar averiguar la procedencia del dinero con que se han pagado las obras y su fiscalización, por ejemplo el pago del IVA.

Sea como fuere, lo que sí es reprobable, a juicio de Ecologistas Extremadura, es que este alcalde pretenda hacer creer un desconocimiento de la ley cuando, como cualquier otro alcalde, tiene que firmar o conceder las licencias de obras de su municipio -con lo que ello conlleva de pago de impuestos y permisos burocráticos-, y sin embargo no le parece extraño que no las haya solicitado ni realizado su esposa en la construcción del chalet de Orellana. Igualmente pernicioso les parece que ni siquiera se plantee el delito ambiental presuntamente cometido por construir en un espacio como Orellana con tres figuras de protección autonómicas y europeas y con un importante reconocimiento internacional por estar incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar.



Enlaces relacionados:

Comunicados sobre construcciones ilegales de Ecologistas Extremadura


Nombramiento de Dolores Aguilar como presidenta de la Junta Rectora del ZIR de Orellana y Sierra de Pela


fotos ilustrativas


Se autoriza a los medios a utilizar las fotografías de nuestra web para ilustrar la publicación de este comunicado, algunas de estas denuncias pueden localizarse geográficamente y descargarse imágenes ilustrativas en el Localizador de Impactos Ambientales de Extremadura de la web www.ecologistasextremadura.org.

Califican de irresponsables las declaraciones del Consejero navarro sobre la posible continuidad de Almaraz

A la luz de las reiteradas manifestaciones públicas del señor Consejero, los ecologistas consideran que, por coherencia, éste debería devolver el 33 por ciento de su sueldo, ya que a todos los efectos actúa como responsable autonómico de Industria y Energía, pero el Medio Ambiente no figura ni por asomo en sus planteamientos.

Buena prueba de ello son las negociaciones que a día de hoy mantiene con la dirección de la planta atómica para obtener beneficios económicos a cambio de que los reactores continúen en funcionamiento durante diez años más, en abierto desprecio a la seguridad y la salud de los extremeños.

Ecologistas Extremadura desea manifestar que, cuando se calcula la vida útil de las centrales nucleares, esto se hace teniendo en cuenta que las probabilidades de que se produzca un accidente fatal aumentan exponencialmente, y que no hay dinero en el mundo capaz de solapar ese hecho.

Debido a ello, cuestionan la supuesta “seguridad y fiabilidad” de la instalación, ya que sólo durante los tres primeros trimestres de 2008 el Consejo de Seguridad Nuclear detectó seis hallazgos en Almaraz I y dos en Almaraz II. El CSN denomina "hallazgos" a aquellas incidencias que reflejan incumplimientos de normas, buenas prácticas o compromisos que han sido documentados y que no deberían haberse producido.

Por otro lado, la central nuclear de Almaraz contribuye intensamente a la contaminación térmica de las aguas del embalse de Arrocampo, pues hace aumentar su temperatura entre 8 y 15 grados. Dichas aguas son vertidas a su vez al río Tajo, el cual discurre por el emblemático Parque Nacional de Monfragüe, el único en toda España que “disfruta” de tan paradójica situación. Si para su refrigeración la central necesita alrededor de 90.000 litros/segundo, resulta sencillo hacerse una idea del caudal sobrecalentado que se está tributando al Tajo y al Parque y cuyas consecuencias están por ver.

Por último, y ante las declaraciones del señor Navarro de que no ha tenido al respecto "conversación directa ni con el ministro ni con el secretario general de la Energía", Ecologistas Extremadura desea recordar el compromiso de Rodríguez Zapatero de no sobrepasar la vida útil de las centrales por lo que, en opinión de esta Asociación, el gobierno autonómico debería dejar a un lado el chalaneo con los dueños de la central y dedicarse más al fomento de las energías renovables limpias y seguras, a los sistemas domésticos de producción de energía y al ahorro y la eficiencia energéticas, demostrando así de una vez por todas que la Junta tiene capacidad e intención de moverse al compás de los tiempos que corren y no en dirección contraria, como viene sucediendo hasta ahora.