Hay que decir que Ecologistas Extremadura es sumamente crítico con este documento que ahora se presenta, que es un claro retroceso con respecto al Plan Rector aprobado inicialmente en el año 2006, que nunca llegó a tramitarse plenamente. La administración autonómica pretende incluir los terrenos con construcciones ilegales en zonas de uso generaL.
Mientras, en estos años, en las cercanías de embalse de Orellana se han realizado de forma descontrolada multitud de construcciones como segunda vivienda. Este verdadero boom urbanístico de construcciones ilegales, se traduce, según nuestros cálculos y siendo prudentes, en al menos 160 construcciones, carentes además de las autorizaciones necesarios según se deduce de las actuaciones del SEPRONA.
Algunas de las construcciones ilegales denuncias por Ecologistas Extremadura cerca de la orilla del Embalse
La Administración Regional competente en medio ambiente, durante años ha realizado una clara dejación de funciones, dado que en ningún momento ordenó la paralización de las obras y en muchos casos las sanciones administrativas eran ridículas, no tramitando en ningún caso estas denuncias como delito ante los tribunales competentes, según el código penal vigente.
Todo ello se traduce en que se ha perjudicado un patrimonio natural de todos y se permite que se cometa la injusticia de que determinadas personas que deciden no respetar las leyes, que la mayoría de los ciudadanos respetan, construyan ilegalmente a sabiendas, sin pagar ningún tipo de licencia, sin proyectos, en muchos casos contaminando los acuíferos y sin esperar los plazos legales pertinentes. Lo cual evidentemente es un agravio comparativo para el resto de ciudadanos que respetan las leyes.
Hay que decir sobre la aplicación de las medidas cautelares recogidas en la actual Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos, que en ningún caso se aplicaron. Como ejemplo de un caso similar, podemos señalar el municipio de Hellín (Albacete), donde una urbanización invadía terrenos de Natura 2000 y un juez retiró licencias municipales dado que durante la tramitación de un instrumento de ordenación “no podrán realizarse actos que supongan la alteración de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del plan”. Recuerdan.
Tras las denuncias de las asociaciones conservacionistas y del SEPRONA, y tras la primera condena penal por parte de los tribunales por la realización de un chalet en el embalse de Orellana, a la administración parece que le entran las prisas y comienza una nueva tramitación del PRUG, lo que podría tener el objetivo de obstruir las posibles sentencias que pudieran ir apareciendo y lo que es más grave defendiendo los intereses de quienes no han querido respetar las leyes en detrimento de los ciudadanos que las respetan.
Esta asociación quiere aclarar, que en todo caso, la posible modificación del PRUG no tiene carácter retroactivo, teniendo que tramitarse todos los procedimientos sancionadores, sea vía penal o administrativa que se encuentren en curso. Por otro lado, las Normas Subsidiarias de todos los municipios de la zona recogen los terrenos de la ZIR como suelos no urbanizables, esto hace que en todo caso, una construcción sin los preceptivos permisos y licencias municipales haga que siga constituyendo un delito según se recoge en el artículo 319 apartado 2 del Código Penal.
En este sentido recuerdan el derribo por sentencia judicial el año pasado de una construcción ilegal en un espacio que no estaba declarado espacio natural protegido, en el rincón de Caya en Badajoz, camino que creen deben seguir las construcciones ilegalmente construidas y a sabiendas en los últimos años, es conocido públicamente la ilegalidad de estas construcciones habiendo sido notorio el caso de la mujer del alcalde de Villanueva de la Serena que desmontó una casa instalada sin las autorizaciones pertinentes, iniciativa a la que animan a quienes están incursos en causas penales, para evitarse males mayores.
Desde esta asociación aclaran que seguirán denunciando y pondrán especial énfasis en pedir la demolición de lo ilegalmente construido, como forma de acabar con estas prácticas ilegales e injustas que perjudican el patrimonio natural de todos por conseguir el beneficio inmediato de personas o empresas que no respetan las leyes, frente al resto, la mayoría, que si las respetan.
Por otro lado, el PRUG redactado por técnicos de la empresa pública GPEX, muestra carencias notables, entre otras muchas en ningún momento menciona a la especie Serapias perez-chiscanoi. El 20% de la población total de esa orquídea catalogada “En peligro de extinción” en Extremadura se encuentra dentro del ZIR “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” o en zonas limítrofes. Esto conlleva que la Zonificación de Usos no sea la adecuada al status de conservación de esta especie. O por citar otro “presunto descuido” no aborda la prohibición obligatoria de utilizar como munición plomo al tratarse de un Humedal Internacional RAMSAR, tal como se fija en el articulo 62. j) de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Dos errores de bulto al entender de esta asociación que dejan a las claras la poca calidad del trabajo realizado.
Desde Ecologistas Extremadura confían en que se corrija este borrador y se presente otro que realmente ayude a preservar los notables valores naturales de la ZIR Embalse de Orellana y Sierra de Pela.
Soy vecina de uno de los pueblos afectados, conozco a varias personas de las que creo habéis denunciado vosotros, me han dicho que habían sido unos ecologistas y que sepáis que sabían perfectamente que era ilegal, como lo sabemos todos en la zona, pero que así les salía más barato y no tenían que esperar para disfrutarlo. Parte del problema opino que está en los Ayuntamientos que dejan hacer, se debería perseguir jurídicamente a quienes han permitido que lleguemos a esta situación. Por ejemplo la foto que habéis puesto de los Tercios es un caso claro, nadie puede decir que no se veía como estaban construyendo ilegalmente. Ánimo y gracias, aunque algunos por aquí no os tienen mucho cariño otras personas como yo os agradecemos vuestra labor.
ResponderEliminarSi la Junta ahora permite que se vayan de rositas para mi será un error muy grande y se les debería denunciar a los políticos por complices.
¿Para cuando la primera demolición como la del Rincón de Caya?, desde luego coincido con vosotros en que será la forma de acabar con este caos que tanto daño está haciendo a nuestra naturaleza.
ResponderEliminarVaya tela, menuda corrupción hay en Extremadura. Deberían ser inhabilitados muchos políticos y funcionarios que están permitiendo esto
ResponderEliminar¿Y Cáceres? Aquí es vergonzoso como permiten todo, además parece que con la complicidad de los tribunales de justicia que no me parece que hagan nada para evitarlo, leí hace tiempo que habíais denunciado algunas, ¿Me podéis decir qué ha pasado?, gracias
ResponderEliminarLos espacios protegidos en los papeles en la práctica se quedan en nada, solo hay que ver la ZEPA de los Llanos de Cáceres, nada más entrar en ella se empiezan a ver los chalets, es decir, hay más en la ZEPA que fuera de ella, ¿qué os parece? ¿Qué hace el SEPRONA?¿Y la fiscalía de medio ambiente?
ResponderEliminarLa verdad que el tema de las construcciones ilegales es irritante. A estas alturas me voy a plantear que soy idiota por haberme comprado un chalet legal, cuando los había ilegales, la mayoría de los que vi, más baratos, por lo menos tengo la conciencia tranquila. Permitiendo las construcciones ilegales no se crea riqueza, sino pobreza medioambiental e injusticia social que favorece a los caraduras.
ResponderEliminarLa culpa es de Vara, nuestro anterior presi, que empezó a pregonar que iban a legalizar las construcciones ilegales y que iban a dar una amnistía, cuando el sabía que era mentira, que eso legalmente no es posible, era populismo barato y mal enfocado porque mucha gente estamos en contra de los chalets ilegales.
ResponderEliminarEsto es indignante, nadie se atreve a tomar cartas en el asunto y lo único que consiguen es prolongar un problema que se esta enquistando.
ResponderEliminarAdemás que clase de justicia es aquella que no trata a todos los ciudadanos por igual, a pesar de ser un derecho fundamental, como en Badajoz se esta procediendo a demoler viviendas y en el resto de la región ¨¨Ancha es Castilla¨¨ Inoperancia ,dejadez de funciones , desigualdad, indignacion
Estan a punto de salir juicios por chalet en Orellana
ResponderEliminar18 meses de carcel y 2.000 euros multa. PERO NADA DE DEMOLER
Pues parece un error garrafal de los jueces o el fiscal, desde nuestra asociación desde un principio como se indica en las denuncias lo que queremos es la restauración del ecosistema, lo que implicaría evidentemente la demolición de los ilegalmente edificado, pero no tenemos ningún interés ni creemos que sirva para gran cosa que la gente tenga condenas de cárcel, la justicia no consigue con esto lo que se debería de perseguir, que dejen de producirse los delitos.
ResponderEliminarViñuela (ex-gerente FEVAL), mujer alcalde Villanueva de la Serena, Cabanillas (ex-alcalde Orellana), etc.
ResponderEliminarMuchos chalet de gente importante para que pase algo....
INFORMACIÓN PÚBLICA
ResponderEliminarhttp://www.extremambiente.es/files/Informacion%20Publica/PRUG_ORELLANA_2012.pdf