Desde
la Asociación Ecologistas Extremadura se solicita un nuevo modelo en
la gestión cinegética en la región al nuevo Gobierno de la Junta
de Extremadura, que tomó posesión hace pocos meses.
Ante
la proximidad del comienzo de la próxima temporada, se preguntan
cual será la postura ante las nuevas
solicitudes de monterías en el Parque Nacional de Monfragüe,
por parte de los propietarios, con la excusa de una excesiva
población de cérvidos, que realmente
esconde un interés económico denuncian desde Ecologistas
Extremadura. Opinan
que se esta primando esta actividad sobre
el derecho al disfrute de este
espacio por los ciudadanos y turistas,
lo que es grave siendo
la mayor foco de
atracción de turismo de naturaleza en Extremadura el Parque
Nacional. E
incluso, se podrían esta conculcando derechos como el libre tránsito
de las personas, recogido en nuestra Constitución y demás
ordenamiento jurídico.
Recientemente,
y ante la apertura de la media veda, ya se ha pedido por parte de
las asociaciones
presentes en el Consejo de Caza de Extremadura, la moratoria
de la caza de la tórtola, dado que en
los últimos 10 años se ha reducido la población en un 30 %.
También, en el caso de que para este año fuese demasiado tarde ya
para introducir este cambio en la Orden de Vedas, se solicita adoptar
medidas efectivas
que reduzcan en
parte la presión cinegética sobre la tórtola europea, como la
prohibición y vigilancia efectiva
de los cebaderos, donde son cazadas en grandes cantidades y sin reto
deportivo alguno. En cualquier caso, una revisión de los cupos de
caza de esta especie es urgente, y hasta el propio sector cinegético
reconoce que su situación es delicada.
Por
otra parte desde esta Asociación consideran contraproducente la
media veda para la gestión cinegética, ya que es fácil comprobar
que cazadores aprovechan esta media veda para cazar furtivamente,
entre otras especies el venado que ya presenta su cornamenta
completa y se inicia la berrea, el año pasado se ha dado la
circunstancia de haberse terminado prematuramente la berrea en
determinadas sierras de la región por haber sido matados los machos
que allí vivían antes de empezar la temporada y en este sentido
creen se debería tener en cuenta los derechos de los cazadores y
gestores que si respetan la ley y el cada vez mayor valor turístico
de la escucha y observación de la berrea.
Igualmente
piden que se dejen de conceder continuamente permisos por daños y
autorizaciones para cazar fuera de temporada por unos supuestos daños en muchos casos de dudosa
importancia e incluso inexistentes, que solicitan cazadores y que
denuncian que a menudo son aprovechados para cazar otras especies
furtivamente, por ejemplo ciervos. Piden para ello que a la hora de
autorizar estas acciones asistan los agentes de medio natural para
constatar que se hace de forma adecuada y que se comuniquen con
suficiente antelación a las patrullas del SEPRONA para que también
puedan supervisarlas y puedan saber cuando realmente hay una acción
de caza furtiva, ya que prácticamente se oyen tiros todo el año en
el campo con tanta autorización, lo que dificulta el control además
de afectar a otras actividades agrícolas y de turismo de
naturaleza..
Por
otro lado, han tenido constancia de que en terrenos cinegéticos de
gestión pública (art. 16 Ley 14/2010 Caza),
los intereses privados o “personales” de los que dirigen algo
público, van apartando a los funcionarios especialmente
de los espacios naturales protegidos. Por
ejemplo, en la Reserva de Caza de “La Sierra”, se van apartando a
los Agentes de Medio Natural de la Junta de Extremadura, y se van
sustituyendo por vigilante de la empresa GPEX. Hay que recordar que
este personal no son agentes de la autoridad, ni sus informes y/o
denuncias gozan de presunción de veracidad, por lo que la única
explicación posible es buscar un personal más dócil y
sujeto a inestabilidad laboral y por tanto más sensible a presiones
para no hacer lo que se debe hacer o “mirar para otro lado”.
Consideran
que deben exigir que los
espacios naturales
se gestionen con el mayor rigor posible, que no puede ser de otra
manera que con personal funcionario y si se
necesitan más agentes del medio natural, como parece evidente por el
número de vigilantes subcontratados a empresas, consideran desde
Ecologistas Extremadura, se saquen más plazas en las oposiciones
favoreciendo el empleo estable que fija población en nuestras
comarcas.
