Una de las construcciones denunciadas
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Jarandilla es una de las localidades más importantes de la Comarca de la Vera. Esta zona se caracteriza por la abundancia de precipitaciones las cuales, unidas a unas temperaturas suaves, favorecen el desarrollo de bosques de castaños y robles de gran riqueza medioambiental. La mayor parte de esta comarca está incluida en el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de la “Sierra de Gredos y Valle del Jerte ES4320038”, encontrándose en él hábitats de gran valor natural protegidos por la directiva Hábitats 92/43/CE, que conforma la red de espacios naturales protegidos Natura 2000.
Su emplazamiento, a tan sólo una hora de Plasencia, hora y media de Cáceres y poco más de dos horas de Madrid, ha favorecido que se haya convertido en una de las zonas en las que el urbanismo ilegal tiene mayor incidencia, con graves repercusiones sobre las zonas protegidas.
Ecologistas Extremadura ha denunciado en esta ocasión un total de once construcciones realizadas en zonas de Especial Protección por Afección de Márgenes de Zonas Húmedas, Cauces y Embalses y en zonas de Especial Protección por su Interés Ecológico. Según la organización ecologista, el número de construcciones ilegales en Jarandilla de la Vera es muy elevado, y podría alcanzar el centenar, por lo que próximamente habrá más denuncias, aunque esperan que las administraciones tomen las medidas a las que están obligadas por ley para frenar esta situación.
La proliferación de construcciones dispersas deteriora la calidad del paisaje y los bosques en Jarandilla
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Ecologistas Extremadura denuncia que dichas construcciones se han realizado en un clima de absoluta impunidad, amparadas por la pasividad de las corporaciones municipales y del resto de las administraciones. Desde esta organización se recuerda a los responsables municipales su obligación de impedir estas actuaciones ilegales, la de dar curso a las denuncias interpuestas por los agentes de la autoridad o por ciudadanos, así como adoptar las medidas sancionadoras y disciplinarias pertinentes en el ejercicio de sus competencias, puesto que de lo contrario incurrirían en el supuesto tipificado en el artículo 408 del código penal como “omisión del deber de perseguir delitos”.
Para esta organización resulta sumamente llamativo el hecho de que, ocupando los casos de delitos y escándalos urbanísticos un lugar predominante en el panorama informativo nacional -y siendo consciente el conjunto de la sociedad española de las nefastas repercusiones medioambientales de estas actuaciones así como de la necesidad de perseguir y castigar a los infractores-, exista una evidente permisividad de las administraciones hacia las actuaciones individuales en el medio rural. A juicio de los ecologistas, dicha permisividad dimana de varios factores, entre los que destacan el beneficio económico inmediato que los propietarios de estos terrenos perciben y por el ahorro en los costes de las construcciones ilegales, que no requieren el pago de ningún tipo de impuesto o licencia. Recuerdan que estas construcciones más tarde repercuten negativamente sobre el resto de ciudadanos que sí respetan la ley, los cuales ven cómo se deteriora el medio ambiente e incluso -lo que resulta más indignante- se gasta dinero público en urbanizar a posteriori estas zonas, en limpiar la suciedad y las escombreras derivadas, en apagar los incendios producidos en el entorno, depurar los vertidos contaminantes de estos chalets -como es el caso del controvertido colector del Valle del Jerte-, realizar obras de suministro energético, agua o vías de acceso a estas zonas,…
En algunas parcelas se arranca el arbolado autóctono se plantan cultivos y después se hace la construcción
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Para Ecologistas Extremadura la situación actual es más que preocupante, ya que en muchas zonas existen auténticas concentraciones de chalets en zonas no urbanizables que salpican muchos de nuestros más bellos paisajes, los inundan de ruidos, de basura, de caminos, de alambradas, árboles cortados y aguas contaminadas.
La construcción ilegal está tipificada como delito en el artículo 319 del código penal, el cual prescribe penas de prisión e inhabilitación para promotores, constructores y técnicos directores, y asimismo la demolición de lo construido. Además, existen sanciones administrativas de diferente cuantía y que en Extremadura, para construcciones en espacios protegidos, oscilan entre los 150.000 y los 600.000 euros.
Ecologistas Extremadura considera que la conservación de los paisajes y de los valores y recursos naturales está muy por encima de los intereses económicos inmediatos de los especuladores, por lo que tomarán todas las medidas legales necesarias para garantizar que estos delitos urbanísticos sean sancionados, haciendo especial hincapié en la necesidad de la ‘reparación del daño’ tal y como marca la ley, que supone necesariamente la demolición de las edificaciones ilegales.
Construcción denunciada muy próxima al río en Jarandilla
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Construcciones denunciadas en Jarandilla
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Bueno, creo que está bien que se denuncien estas cosas, pero no sé si puede dar algún ipo de resultado en la práctica. ¿Alguien conoce casos de edificaciones que se hayan mandado derribar o de multas millonarias como las que marca la ley?. No lo pregunto con ironía sino porque tengo verdadero interés en saberlo.
ResponderEliminarSimplemente buscando en internet demolición construcciones ilegales puedes encontrar montones y desde la reforma del código penal esta práctica de demoler lo ilegalmente construido ha aumentado mucho, como debe ser.
ResponderEliminarYo he visto varias en televisión, hace poco vi como demolían una como estas denunciadas en Canal Sur era en una sierra de Andalucía
Creo que esta noticia es muy interesante, imagino que los fiscales extremeños harán lo mismo:
ResponderEliminarLos fiscales intensifican sus peticiones de demolición de las construcciones ilegales
El coordinador regional destaca que debe haber "obligación de tirar" las viviendas irregulares
LUIS BARBERO - Sevilla - 20/10/2006
Ante una construcción ilegal, demolición. Ésta es la tesis que están defendiendo los fiscales andaluces especializados en Medio Ambiente en los casos de las viviendas ilegales que llegan a los juzgados. El coordinador regional de los fiscales medioambientales, Luis Carlos Rodríguez León, destaca que el ministerio público está intensificando sus peticiones de demolición en las ocho provincias, aunque hasta la fecha los jueces no están siendo excesivamente receptivos a adoptar tan drástica decisión. "La obligación debe ser tirar la vivienda", afirma Rodríguez León.
Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil desde enero de 2005 ha detectado 3.343 construcciones ilegales en Andalucía (12.832 en el conjunto de España). Estas construcciones se encuentran en zonas rurales o del litoral y suelen ser levantadas en la mitad de la nada.
Con el paso del tiempo, estas edificaciones se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los ayuntamientos, que están en plena fase de revisión de sus planes urbanísticos y que contemplan cómo estas construcciones suponen un problema para ordenar su territorio. De hecho, buena parte de los casos detectados por el Instituto Armado tienen su origen en las denuncias presentadas por los ayuntamientos.
La coordinación de ayuntamientos, Junta de Andalucía, fiscalía y Guardia Civil está siendo fundamental para poner coto a este fenómeno, que se extiende a lo ancho y largo de toda España.
Ante una construcción ilegal, ya sea una una vivienda aislada en una finca o varias casas en una urbanización, es de aplicación el artículo 319 del Código Penal, que recoge el delito contra la ordenación del territorio.
Este artículo establece penas de entre dos seis meses y tres años de cárcel para quien construya ilegalmente en zonas con especial protección (terrenos con alto valor medioambiental, paisajístico, histórico o cultural) y de entre seis meses y dos años para quien lo haga en terreno no urbanizable. Además, el tercer punto de este artículo añade: "En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra (...)".
Y si bien los dos primeros puntos de este artículo se están aplicando, el tercero está siendo ordenado por los jueces con cuentagotas. Rodríguez León destaca que son muy pocas las condenas por este delito, apenas el 10%, que ordenan la demolición de estas construcciones, algo que, en su opinión, debe cambiar. Según el fiscal coordinador de Medio Ambiente, la mayoría de las sentencias por este asunto termina con una multa y una condena de unos dos años cárcel que el infractor no cumple porque no suele tener antecedentes penales. "No se repara el daño causado, los infractores pagan la multa y se quedan con la casa. Al final asumen la multa como un coste de edificación más", afirma el fiscal.
Rodríguez León sostiene que de esta manera se envía el mensaje equivocado de que, pese a la irregularidad, las casas van a seguir en pie y que esta situación debe corregirse a través de las decisiones judiciales mediante el aumento de las órdenes de demolición. "La obligación es tirar las viviendas", asegura Rodríguez León, que cuenta con dos fiscales especializados en Medio Ambiente por provincia.
Los fiscales, además de presionar con las peticiones de demolición, también están solicitando medidas cautelares que disuadan a los promotores de estas viviendas ilegales. Así, piden a los jueces que ordenen el corte del suministro de luz, agua o electricidad a estas viviendas cuando se inicia un procedimiento judicial.
Y es que una de las cuestiones que ha sacado a la luz la investigación es que en muchas ocasiones, los propietarios hacen enganches ilegales al servicio eléctrico, obtienen agua de pozos, con el consiguiente expolio para los acuíferos de la comunidad y generan vertederos en los que no se recoge la basura.
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/fiscales/intensifican/peticiones/demolicion/construcciones/ilegales/elpepiautand/20061020elpand_7/Tes/
Veo que hay gente mucho más enterada que yo, ero pongo mi granito de arena.
ResponderEliminarNo sólo se tiran casas pequeñitas hechas por particulares. Tambíen hay órdenes de derribo contra urbanizaciones y grandes edificaciones. Por ejemplo el hotel denunciado por Green Peace en la costa de Almería (creo que está en boletín de Green Peace 02/07) y la urbanización de Isla en Asturias. (Podeis ver la página www.monigotesdeisla.com. Es de la parte afectada, los propietarios de las edificaciones,pero la página refleja bien su grado de desesperación, y es que les falta un suspiro para que les tiren las casas). Espero que llegue pronto el momento y que se lleven los ladrillos.
En la Sierra de Madrid se han tirado este año 10 edificaciones ilegales. hay muchas más, pero ya hay 10 menos.
ResponderEliminarLo que pongo a continuación es una opinión personal que concuerda con algunas de las informaciones que se expresan en el blog.
ResponderEliminarCreo que la situación de impunidad está empezando, poco a poco, a desaparecer y que existen pasos desde la justicia y desde las administraciones a nivel estatal que confirman la intención de acabar con esta situación.
Se han creado fiscalías específicas de urbanismo y se han creado cuerpos especiales en la OCU (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) de lucha contra la corrupción urbanística.
El Seprona suele actuar bien y la fiscalía tiene cada vez actuaciones cada vez más enérgicas.
Creo que la tendencia natural es que se empliezen a aplicar sanciones y a demoler casas.
Como bien dice el artículo si te ponen una multa de un 6.000€ y no te tiran la casa pues bueno, te ha costado 6.000 euros más. Pero si la multa mínima es de 150.000 € y/o te la tiran... la cosa cambia, y hablamos de casas en zonas la red Natura 2000, multas hasta 600.000€.
Bastará que en cada zona afectada impongan un par de sanciones de este tipo para que la gente se lo piense muchísimo más.
El artículo de la actitud de los fiscales andaluces es interesante pero no sé si la actitud de los jueces es la misma, y al final son ellos los que dan la orden. ¿Cómo funcionan los jueces extremeños?
ResponderEliminarcon el tema de las construciones .En Cabesuela Del Valle se esta procediendo a la ampliacion de suelo urbano en el cual el ayuntamiento propone construir al lado de la reserva natural de la garganta de los infiernos zona denominada prereserva natural con la construcion de una depuradora y un deposito de agua ya existen construciones ilegales.
ResponderEliminarHola, no me parece normal lo que se está haciendo. Creo que la culpa la tienen los Ayuntamientos, pero no las personas que construyen sus casas con sus permisos.
ResponderEliminarEvidentemente quien tenga sus construcciones en regla no tiene nada que temer, las denuncias se han puesto de casos que se consideraban claros, será el juicio o el expediente sancionador los que determinarán la legalidad o no de la construcción y deberán preveer las medidas oportunas para reparar el daño ambiental causado, si alguna se demuestra que es legal por nuestra parte ningún problema, es evidente que muchas no lo son.
ResponderEliminarRecomendamos que antes de iniciar una construcción en el medio rural(o incluso mejor antes de adquirir la finca para ello) debe consultarse la legislación y situación legal de la localidad y el lugar concreto, es necesario que las administraciones informen bien y hagan cumplir las leyes a todos por igual.
Por supuesto buena parte de la responsabilidad de muchas construcciones ilegales en medio rural de Extremadura es de algunos responsables o trabajadores de las administraciones públicas, especialmente Ayuntamientos, cuyos responsables también se arriesgan a las consecuencias legales de sus actos, como ya es conocido por otros casos. Esto no exime a quien construye ilegalmente amparándose en la complicidad o dejación de funciones de los responsables de las instituciones.
En referencia a la persona que opina que la culpa no la tienen las personas que construyen sino los ayuntamientos que les dan los permisos comento lo siguiente :
ResponderEliminarLas denucias efectuadas no son indiscriminadas ni arbitrarias, sino que se realizan sobre construcciones que vulneran claramente la normativa municipal existente, por lo que NO PUEDEN TENER PERMISOS por parte del Ayuntamiento, ya que los técnicos y ediles que firmasen esos permisos incurrirían en un delito penal.
De hecho, la respuesta del alcalde del Guijo de Santa Bárbara en los medios de comunicación fue que él no había autorizado ninguna obra que contase con informe negativo por parte de los técnicos de la Mancomunidad, y es cierto, estas obras se realizan todas sin autorización, porque no son autorizables, pero con permisividad porque son permitidas. El mismo alcalde se olvidó de decir que él y todos los técnicos municipales ven a diario esas construcciones y que ahn visto como se levantaban día a día y cómo no han movido un solo dedo para evitaro ni cuando estaban en la oposición ni cuando gobiernan. Y esto es algo que se puede aplicar a demasiadas alcaldías.
Dicho de otra forma, los alcaldes no pueden autorizar estas obras pero con la omisión de su capacidad de paralizarlas y imponer las sanciones que les permite la ley autorizan que se hagan 'de facto'.
Por tanto la responsabilidad de las actuaciones corresponde a ambas partes, a los políticos que las consienten y a los dueños y promotores que las construyen sin autorización amparados en la manifiesta impunidad que rodea este tipo de actuaciones, bastante lucrativas por otro lado.
A mi hay algo en todo esto que me llama la atención. Resulta que en estos pueblos la oposición podría utilizar estas construciones ilegales para poner en serios aprietos a los grupos que gobiernan. De hecho existe un artículo del cóigo penal, creo que el 404, acerca del delito de omisión del deber de perseguir delitos. La pena sería inhabilitación para ejercer cargo público, es decir, tal y como está la cosa no costaría mucho imputar a algún que otro alcalde que ha permitido, por omisión del ejercicio de sus competencias en disciplina urbanística, la construción de decenas de edificaciones en terrenos no urbanizable, muchos de ellos protegidos.
ResponderEliminarY sin embargo la oposición no abre el pico. Ni mu. Nada. Como si los chalets fueran un espejismo.
Nadie quiere remover la mierda que salpica a todos ni acabar con un negocio tan lucrativo, puesto que los que sacan tajada son gente del pueblo. Todos esperan algún día que les toque parte del pastel.