Ecologistas Extremadura solicita más empleados públicos en la gestión del Medio Ambiente

El pasado 9 de marzo de 2017, en base a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hemos solicitado que se nos informe del personal externo de la empresa GPEX, que realiza funciones en la Dirección General de Medio Ambiente. Así mismo, hemos solicitado que se contraten a más empleados públicos Biólogos, Licenciados en Ciencias Ambientales, Agentes del Medio Natural u otros; dado que el importante patrimonio natural de Extremadura, se encuentra gestionado por personal ajeno al derecho administrativo. El personal funcionario, tal como recoge la Constitución Española, es garante de neutralidad y de la aplicación estricta de la normativa en vigor y tiene un proceso de selección por mérito y capacidad que permite acceder a cualquier cuidadano/a en igualdad de condiciones, con garantías que no existen en estas empresas. 

En el año 2015, ya llamábamos la atención a la Dirección General de Medio Ambiente que en terrenos cinegéticos de gestión pública (art. 16 Ley 14/2010 Caza), como es el caso de la Reserva de Caza de “La Sierra” y que además es un espacio Red Natural 2000 como es el ZEC Sierra de Gredos, se iban apartando a los Agentes de Medio Natural de la Junta de Extremadura, y se han ido sustituyendo por vigilantes de la empresa GPEX. Hay que recordar que este personal no son agentes de la autoridad, ni sus informes y/o denuncias gozan de presunción de veracidad, por lo que la única explicación posible es buscar un personal más dócil y sujeto a inestabilidad laboral y por tanto más sensible a presiones para no hacer lo que se debe hacer o “mirar para otro lado”.

Tras haber tenido conocimiento de las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre este asunto datan del año 2009, cuando en una moción dirigida a las Cortes Generales, dicho tribunal insiste en atajar ciertas prácticas de las administraciones públicas sobre el número y atribuciones de los trabajadores externos que ocupan puestos de trabajo dentro del organigrama administrativo regional, algo que raya lo escandaloso en la Dirección General de Medio Ambiente. La Consejera de Hacienda y Administración pública, emitió una instrucción, en noviembre de 2016, sobre “Buenas prácticas en la contratación de servicios y en la realización de encargos de prestaciones a entidades que tengan la condición de medio propio y servicio técnico”.

Durante los últimos años, Ecologistas Extremadura nos hemos sorprendido sobre como varias de nuestras denuncias eran rechazadas o encontrábamos informes técnicos ambientales, que estaban fuera de toda lógica conservacionista, y sólo se explicaba por otras motivaciones. La presencia mayoritaria de este personal de la empresa GPEX, consideramos podría influir en que sus decisiones a menudo no se rijan por el interés general y el estricto cumplimiento de la legislación ambiental, como ocurre con el caso de los funcionarios públicos, a los que han ido sustituyendo.
 

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Las ONG ambientales de extremadura denuncian la falta de transparencia en la puesta en marcha del barco turístico en Monfragüe

Las organizaciones conservacionistas de Extremadura lamentan que la primera y única información hasta ahora sobre la puesta en marcha de un barco turístico por Monfragüe haya sido en el marco de la pasada Feria Internacional de Ornitología (FIO), en unos actos de presentación donde altos cargos de la administración han tutelado una iniciativa privada llena de exageradas e infundadas expectativas para los municipios de la zona, mientras se ha ocultado esta iniciativa en el órgano de participación de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

Según se dijo en la FIO y así aparece recogido en los medios de comunicación, “esta iniciativa surgió en octubre de 2015 con el impulso de la administraciones turística y ambiental extremeñas”. Sin embargo, estas mismas administraciones han ocultado dicha decisión durante más de un año, sin informar de ella en ninguno de los órganos de participación de Monfragüe, pese a que deben hacerlo en temas de esta transcendencia y pese a las preguntas explícitas sobre la navegación turística, tanto dentro como fuera del Parque Nacional, realizadas por los representantes de las organizaciones conservacionistas.

A juicio de estas organizaciones, resulta también lamentable que la administración turística y el promotor de esta iniciativa estén creando excesivas expectativas en los municipios donde se prevé que funcione este barco, definido en teoría no como barco turístico, sino como servicio de interpretación ambiental para los visitantes. En realidad, el correcto desarrollo de un servicio tan especializado y delicado como la navegación por una de las zonas más sensibles de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, exigiría la selección de una empresa muy bien preparada, en base a unas prescripciones técnicas rigurosas y que den garantía de calidad. Sin embargo, el promotor privado elegido directamente por la administración tiene un historial poco prometedor, ya que es el responsable del barco del Tajo Internacional, que tras muchos años de actividad, se ha convertido en un mero transbordador para ir a comer a Portugal, sin nada que recuerde a su origen como servicio de interpretación ambiental (el mismo previsto para el actual barco de Monfragüe).

Las organizaciones conservacionistas muestran su preocupación porque las administraciones regionales han mostrado que quieren “manejar” estos temas de forma oculta, sin informar a la sociedad y trabajando, en este caso, por el interés privado de una única empresa, en vez de hacerlo por el interés general. El turismo sostenible en Monfragüe debe pasar necesariamente por la conservación de nuestro patrimonio natural, así como por la promoción de un modelo turístico que incluya a las empresas más preparadas y eficaces para la gestión de actividades en el territorio que sean capaces de compatibilizar la viabilidad económica con la preservación del medio y sus extraordinarios valores, por sus propios medios y sin necesidad de “padrinos” de la administración. 

 

En este sentido, las ONG ambientales van a pedir a los directores generales de medio ambiente y turismo más información sobre la actividad de navegación anunciada en FIO y solicitarán que dicha concesión de navegación se adjudique a través de un procedimiento reglado con unas condiciones técnicas rigurosas y que todo ello se haga de forma pública y transparente.