Ecologistas en Acción de Extremadura celebra el anuncio de cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) para 2009, fecha más allá de la cual todo apunta a que no se le renovará la licencia de funcionamiento, y pide el mismo trato para los dos reactores ubicados en Almaraz cuya vida, a juicio del colectivo ecologista, no debería prolongarse más allá de 30 años, que se cumplen en 2010, precisamente cuando expira su permiso de funcionamiento.
Como se ha demostrado hasta la saciedad, sobrepasar dicho límite multiplica los problemas de seguridad y los convierte en intolerables: tanto la central de Zorita (Guadalajara), que cerró con treinta y siete años, como la de Garoña (que se clausurará con treinta y ocho), se han visto aquejadas de severos problemas de corrosión y de una profunda degradación de sus más elementales sistemas de seguridad. De hecho, en Almaraz ya se observan graves problemas que afectan a elementos tan básicos como los sistemas de aguas esenciales. La industria nuclear también debería aceptar una vida de las centrales en estos términos, puesto que treinta años de funcionamiento permite tener las plantas amortizadas. No es de recibo, en cambio, intentar mantenerlas abiertas a costa de poner en peligro la salud de los ciudadanos y el medio ambiente.
Asimismo, el mantener las centrales en funcionamiento supone el seguir produciendo residuos de baja, media y alta actividad. Estos últimos son especialmente peligrosos, y lo serán durante cientos de miles de años, puesto que no existe a medio plazo solución satisfactoria para su gestión en ningún país del mundo. Dichos residuos los produce el parque nuclear español a un ritmo aproximado de unas 210 toneladas al año.
Por su parte, ENRESA se encuentra buscando, por encargo del Gobierno, un lugar apropiado para instalar el Almacén Transitorio Centralizado (ATC), donde se almacenarán durante unos 70 años los residuos de alta actividad procedentes de todas las centrales nucleares españolas, aunque desde Ecologistas en Acción de Extremadura consideran difícil que otra localidad quiera recibir los residuos tras este período y alertan sobre el coste y el gran riesgo que implica transportar de nuevo estos residuos radioactivos. Esta búsqueda ha motivado ya agudos conflictos sociales entre las poblaciones amenazadas por tal instalación. Ecologistas en Acción cree imprescindible que exista primero un amplio consenso social entre la población, los poderes públicos locales (Autonomías y Ayuntamientos) y el Gobierno Central sobre la gestión de los residuos radiactivos, y también que dicho consenso pasa por el establecimiento de un calendario admisible por todas las partes.
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