viernes, 18 de septiembre de 2020

Peticiones de las Ongs ambientales en el Consejo Extremeño de Caza

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PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE EN EL CONSEJO EXTREMEÑO DE CAZA


En la reunión del Consejo extremeño de caza del 17 de Septiembre de 2020 estas organizaciones han solicitado la suspensión de la media veda para las próximas dos temporadas, que se acabe con la práctica extendida de incluir fincas en los cotos sin autorización y/o conocimiento de sus propietarios. También han pedido que se permita acceder a ciudadanos y asociaciones interesadas a las ayudas que se dan para la recuperación de tórtola, codorniz, perdiz y conejo, en la actualidad se quejan de que sólo pueden solicitarlo los cotos y los resultados no son nada positivos.

También tras los graves incendios de este verano han pedido que no se cace en las zonas incendiadas.


Las nueve asociaciones ecologistas más importantes de Extremadura, ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, GRUS, SEO/BIRDLIFE Y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA, representadas en el Consejo Extremeño de Caza, participaron con un representante, el pasado jueves en la reunión de dicho órgano llevada a cabo en Badajoz, junto a otros veintitrés representantes de entidades públicas y privadas de la región; en ella presentaron las propuestas consensuadas entre todas, que fueron previamente enviadas para ser incluidas en el orden del dia. Aunque dichas propuestas se incluyeron para ser tratadas sólo como ruegos y preguntas, lo cierto es que pudieron debatirse, aunque en un ambiente no todo lo productivo que sería deseable, opinan.

Se habló de la situación de al menos dos especies cuyo estatus poblacional es muy preocupante; la codorniz (con una reducción poblacional según estudios científicos rigurosos de un 61%) y la tórtola europea, que países tan importantes como Francia han prohibido su caza. El representante de los ecologistas, pidió en base a un dictamen del comité científico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que propuso catalogarla como especie “Vulnerable”, que se prohíba su caza y haya una moratoria de al menos dos años para la media veda que fué creada para poder cazar estas dos especies migratorias. 


El sector cinegético y la Junta pretenden cumplir con la obligación europea de conservar la tórtola bajando unos pocos días hábiles de caza y el cupo de aves abatidas (de 7 a 5 por cazador y día) en vez de atender a las demandas de las ONGs sobre moratoria temporal de varios años, como se acaba de aprobar en Francia.



Se planteó igualmente que la gestión de estas especies, como amenazadas, y como integrantes de la naturaleza que son, deben depender del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta, y no de los relacionados con la caza, que no tiene competencias en conservación. Las ONGs ambientales creen además que sus asociaciones y ciudadanos particulares deberían poder participar en proyectos de conservación de las especies de caza menor en regresión que sufren la presión de la caza, en la misma medida que las entidades cinegéticas, cuyo interés no es el de la conservación del medioambiente de una forma correcta, sino fundamentalmente incrementar las poblaciones para ser cazadas, aunque con resultados muy malos sobre todo en especies de caza menor, cuyas poblaciones no dejan de descender. El argumento de las asociaciones conservacionistas es que donde mejor se pueden recuperar estas especies (lo cual es fácilmente comprobable en muchos territorios sin actividad cinegética) es en zonas donde no se caza  y que además son la base de la alimentación de varias especies en peligro de extinción.

En este sentido también se preguntó, si la Junta dispone de censos de las especies catalogadas como “cinegéticas”, o de algún tipo de índices de abundancia, para tomar decisiones para cupos o moratorias de caza de especies en las que se detecten descensos poblacionales preocupantes. Los únicos, según los responsables de la Junta de Extremadura presentes, los datos de piezas abatidas presentados por la Federación de Caza, cotos, etc. A ese respecto, las asociaciones ecologistas plantearon que esos no son datos fiables, ya que son presentados por una parte interesada por lo cual carecen del rigor científico necesario. Los censos o análisis de la situación poblacional de las especies afectadas creen que deberían ser realizados por organismos públicos o por profesionales o empresas especializadas e independientes.

Otra cuestión polémica fué la petición de las ongs respecto a que se impida que fincas privadas estén incluidas en cotos de la sociedades locales de cazadores sin permiso de sus propietarios. Aunque los representantes públicos argumentaron que se informa a los propietarios de dicha inclusión, al menos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, lo que las organizaciones ecologistas ponen en duda y en todo caso les parece insuficiente, les parece el colmo que además la administración cobre una tasa a los propietarios que desean que no se cace en su finca privada de un coto y permaneciendo además dentro del coto. En opinión de los ecologistas, en todo caso debería ser al contrario, deberían pagar los cazadores para incluir -solo con la autorización por escrito de los propietarios- una propiedad privada en un coto “social” (porque solo es social para su sociedad de cazadores, no para la sociedad de toda la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participa de la caza).



Finalmente los ecologistas solicitaron que los terrenos afectados por incendios forestales sean declaradas zonas con prohibición temporal para cazar, para evitar con ello las quemas intencionadas con la intención de facilitar la actividad cinegética. En este sentido la oposición del sector de la caza fue de nuevo intenso, aunque los responsables administrativos reconocieron que en otras autonomías se ha legislado en el sentido planteado por el representante de las ONGs ambientales. Señalaron también los ecologistas, que quizás por las necesidades de la vigilancia contra incendios, o por causas que se les escapan, lo cierto es que han detectado una muy escasa vigilancia de agentes del medio natural en la media veda, para la cual han pedido una mayor intensidad en este sentido si perseveran en seguir cazando en este periodo, aunque confían que el ejecutivo recapacite y se suspenda la media veda al menos dos años.

Las asociaciones conservacionistas expresaron su malestar ante la nula atención a sus peticiones en pasadas reuniones del Consejo Extremeño de Caza y espera se atiendan mejor las planteadas en esta ocasión y consideran que su representación es demasiado escasa de 24 participantes solo uno lo es de las ONGs ambientales pese a la importante repercusión de la actividad cinegética en el medio ambiente.

viernes, 11 de septiembre de 2020

Ecologistas Extremadura denuncia a la Junta de Extremadura ante la Unión Europea por incumplimiento de su obligación de actuar ante las quemas agrícolas generalizadas en las Vegas Altas y Bajas del Guadiana

Quemas en Santa Amalia 10 Septiembre 2020


En los meses septiembre a noviembre se vienen sufriendo unos graves episodios de contaminación atmosférica en el área de los regadíos de las Vegas Altas y Bajas del Guadiana, por la combustión de los restos de las cosechas de tomate (como está sucediendo ahora en el mes de septiembre), y como sucederá con las de maíz y arroz (en octubre y noviembre, como sucede todos los años ante la no actuación de ninguna administración pública). Estos restos de las cosechas no se empacan para el aprovechamiento del ganado (como sí se hace con la paja del trigo por ejemplo), ni se transporta a centrales de biomasa próximas (en Miajadas, por ejemplo) para producir electricidad y reducir con ello la emisión de CO2 de centrales no sostenibles. Se trata de una enorme cantidad de materia orgánica desaprovechada que crea una grave contaminación atmosférica. Ninguna administración se preocupa de pararlo. Esta asociación entiende que puede ser un daño importante para las vías respiratorias de los habitantes de los municipios afectados, por lo que piden se evalúe además la calidad del aire. Además, puede suponer un grave riesgo para la conducción pues muchos incendios se producen próximos a vías con alto nivel de tráfico.
 El pasado año 2019 esta asociación denunció los hechos a varias consejerías de la Junta de Extremadura: la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Solo hubo respuesta de ésta última, asegurando que esas quemas estaban permitidas por razones de plagas. Pero los ecologistas creen que no es del todo cierto, pues no aportaban análisis con un mínimo rigor técnico y porque además es algo generalizado en varios tipos de cultivos, como se comprueba este año también con los restos del cultivo del tomate. En Ecologistas Extremadura se reciben quejas y solicitudes de ayuda de personas de los municipios afectados, Don Benito, Miajadas, Villanueva de la Serena, Badajoz, etc.; algunas, peticiones desesperadas de personas con problemas de salud que se ven completamente indefensas tras denunciarlo a la Guardia Civil, o sus ayuntamientos y no se actúa. Así pues también se presentó escrito en 2019 a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sin recibir respuesta.


La asociación presentó asimismo el pasado octubre de 2019 denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente ya que consideran que algunas de estas inacciones podrían ser constitutivas de delito. Tras aquellas denuncias infructuosas, y tras comprobar la gravedad de las quemas en este mes de septiembre que mantienen un ambiente de “calima” en todas estas comarcas, que no es tal, sino auténticas “boinas de contaminación por las quemas”, esta asociación ha decidido presentar una denuncia ante la Unión Europea (UE) por incumplimiento de la normativa que como integrante de esta unión de estados, Extremadura está obligada a cumplir. Ecologistas Extremadura argumenta en la denuncia presentada este 11 de septiembre de 2020, que la Junta conculca al menos cuatro de los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al no actuar y proteger a la ciudadanía del área más poblada de la comunidad autónoma. Menciona asimismo cuatro directivas europeas que no se respetan con la permisión de las quemas agrícolas generalizadas: de sanidad, viaria, medioambiental y agrícola.

 
Es inaudito que la Junta de Extremadura desarrolle teóricamente políticas de sostenibilidad mediante la denominada “Estrategia 2030” apostando por la economía “Verde y circular”, al tiempo que evita actuar entre estos gravísimos atentados al medioambiente y la sostenibilidad. Tristemente parece que esa estrategia no supone más que palabras vacías sin una repercusión real y decidida para que los habitantes de Extremadura puedan disponer de un medioambiente sano y de un verdadero desarrollo sostenible.
Quemas en Santa Amalia 10 Septiembre 2020