domingo, 31 de mayo de 2009

Éxito de participación en la jornada "Todo el día en nuestro río"

El pasado 30 de mayo, miembros de Ecologistas Extremadura montaron un stand en el parque de las Siete Sillas de Mérida, en el contexto de la jornada lúdico-reinvindicativa "Todo el día en nuestro río."

La actividad, organizada por el Foro Mérida y las asociaciones ciudadadanas Térmicas No Extremadura, tiene por objeto reinvindicar el uso y disfrute del río Guadiana para todos los ciudadanos, frente al ansia especulativa y destructora de las grandes corporaciones que pretenden detraer el agua para todo tipo de proyectos contaminantes y depredadores, como son las centrales de ciclo combinado que pretenden instalarse en la comarca, o la eternamente anunciada refinería Balboa.

Una novia deposita su firma para pedir el fin de la caza en Monfragüe

A lo largo del día, fueron numerosas las personas que pasaron por el stand de Ecologistas Extremadura, donde fueron informadas sobre la postura de nuestra asociación acerca de estos y otros proyectos que amenazan el medio ambiente en la región. Asimismo, se distribuyó material informativo, se vendieron camisetas y se recogieron firmas para pedir el fin de las monterías que cada año tienen lugar en Monfragüe.

El éxito de contacto con el público y con las distintas asociaciones animará a Ecologistas Extremadura a repetir su presencia el año próximo en dicho evento.

miércoles, 27 de mayo de 2009

Ecologistas Extremadura pide a la fiscalía que se inicien causas penales por construcciones ilegales en Sierra de San Pedro

La asociación ECOLOGISTAS DE EXTREMADURA ha remitido tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente, como al Ayuntamiento de Cáceres las denuncias que completan la totalidad de las referidas a las construcciones ilegales ubicadas en el paraje de LAS ALMEDIAS, dentro del Término Municipal de Cáceres, el cual se halla por otra parte clasificado como Suelo No Urbanizable (ZEPA de la Sierra de San Pedro) según las normas subsidiarias y el Plano de Clasificación de Cáceres (ORDEN de 28 de octubre de 1998 de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo de la Junta de Extremadura por la que se aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cáceres).

Es decir todas ellas se encuentran dentro de un espacio natural protegido y según las informaciones que maneja esta asociación careciendo de autorización urbanística por lo que podrían ser constitutivas de delito.


Estas denuncias se refieren a construcciones ilegales a todas luces en una zona con un nivel de protección tan elevado como es la ZEPA de la Sierra de San Pedro, donde la superficie mínima para parcelación y edificación es de 100 Ha. Además se vienen levantando vallados completamente prohibidos (incluso barreras para la fauna de tipo “gallinero”) ante la aparente pasividad de las autoridades competentes.


Multitud de vallados impiden el paso de la fauna

Esta asociación, ECOLOGISTAS DE EXTREMADURA, viene denunciando en expedientes individualizados ante el Ayuntamiento de Cáceres, así como ante el SEPRONA, desde hace un año esta aberrante situación. Independientemente de las sanciones administrativas que procedan en cada caso relativas a disciplina urbanística del Ayuntamiento de Cáceres, se trata de actuaciones que se persiguen en virtud de lo dispuesto en el Código Penal, y de la que son responsables desde el promotor (persona que financia para sí o para otros la obra), como el constructor y el técnico de obra.

Además, pretenden mediante estas actuaciones que se paralice de forma inmediata las obras actualmente en curso y que se notifique a los propietarios de las parcelas colindantes que aún no se hallan edificadas, y a la vista de que se trata –como ya se ha podido comprobar por la identidad del anunciante- de operaciones puramente urbanísticas, apercibiéndole que si no pone en conocimiento de forma fehaciente del futuro comprador de cada parcela la prohibición de construir en dicho suelo, se le puede incluso considerar coautor de delito en virtud del lo dispuesto en la legislación penal vigente.
Puesto que esta asociación está convencida desde el inicio de estas actuaciones de que el resultado de las denuncias no puede ser otro que el condenatorio para los denunciados, desde esta organización indican que agotarán todas las instancias que sean necesarias exigiendo en cada una de las fases la aplicación de la legalidad vigente y pidiendo especialmente, como es la tónica de las actuaciones de las fiscalías de medio ambiente el derribo de los ilegalmente construido y la restauración del ecosistema degradado tal y como dispone la legislación vigente.

Y todo ello además de por el daño ecológico que se está produciendo –y que es el objetivo central de esta asociación- por la injusticia tan tremenda frente al resto de los ciudadanos que ven cómo el pago de licencias de obra, tasas, solicitud de permisos y cumplimiento de las limitaciones urbanísticas que les son aplicables, son burladas impunemente por otros. Además, observan cómo terreno ilegalmente parcelado y edificado se revaloriza frente al que cumple con las limitaciones del espacio protegido.


La especulación se ha adueñado de la zona


Ni siquiera se molestan en ocultar los materiales de construcción


La organización se ha puesto en contacto telefónica con las instituciones ya mencionadas (Fiscalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Cáceres y SEPRONA), para confirmar el inicio de la instrucción de expedientes de las denuncia presentados.

Enlace relacionado

sábado, 23 de mayo de 2009

Sequía técnica



Si observamos la imagen anterior, podemos fácilmente comprobar la progresiva disminución del agua embalsada en Extremadura. Muy por debajo de la media de los últimos diez años, pero también inferior a la que existía el año pasado, cuando una generosa primavera palió un invierno relativamente seco.

La merma de los recursos hídricos nos habla de la menor escorrentía, consecuencia a su vez de unas cada vez más escasas precipitaciones. Se van cumpliendo así -inexorablemente- las predicciones de los científicos del IPCC, que auguran para nuestra tierra una desecación paulatina que tendrá catastróficos efectos sobre la flora, la fauna y sobre la agricultura.

En este contexto de emergencia ambiental, ¿qué hacen las autoridades? ¿Fomentar el ahorro? ¿Preservar y mejorar la calidad de las aguas? ¿Investigar y poner en funcionamiento métodos de cultivo más adaptados al secano?

Qué va. Al parecer, lo único que se les ocurre es alentar la construcción de una serie de térmicas y una refinería que no sólo agravarán el calentamiento global que nos está matando, sino que además intentarán hacerse con el control de los escasos recursos hídricos que nos van quedando a los extremeños.

Mal pinta la cosa si seguimos por este camino. No hay peor sordo que el que no quiere oír, es cierto, pero peor es peor aun que el sordo sea quien conduce el autobús.

lunes, 11 de mayo de 2009

Admitida queja por incumplimiento ley acceso a información ambiental en Extremadura

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas admite la queja formulada por la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo por el incumplimiento reiterado por España del Convenio de Aarhus.

El origen del Convenio de Aarhus hay que buscarlo en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, y parte del reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente que les permita garantizar su salud y bienestar. Junto a ese derecho, tienen también el deber, tanto individualmente como en asociación con otras, de protegerlo y mejorarlo en interés de las generaciones presentes y futuras.

Con objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho-deber, reconoce y regula tres derechos instrumentales: el derecho de acceder a la información ambiental, el de tomar parte en las decisiones sobre el medio ambiente o con efecto en el mismo, y el derecho de acceder a la justicia.

España depositó el instrumento de ratificación del Convenio el 29 de diciembre de 2004, convirtiéndose en fuente directa de nuestro ordenamiento jurídico con su publicación el 16 de febrero de 2005, entrando en vigor el 29 de marzo del mismo año.

Para cumplir lo establecido en su preámbulo, definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio y lleve a cabo la transposición de dichas Directivas al ordenamiento interno, y teniendo como punto de partida el artículo 45 de
la Constitución, que configura el medio ambiente como un bien jurídico, se promulgó la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia.

Para tomar conciencia de lo que supone el Convenio, podemos referir lo manifestado por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan (1997-2006) que afirmó: "[...] representa la aventura más ambiciosa en el área de la democracia medioambiental tomada bajo el auspicio de las Naciones Unidas".

La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo ha podido constatar, y sufrir, que el Reino de España, y más concretamente la Comunidad Autonómica Extremeña y los Ayuntamientos que la componen, han incumplido en prácticamente todas sus actuaciones los tres principios básicos del Convenio. El derecho de acceder a la información ambiental, el de tomar
parte en las decisiones sobre el medio ambiente o con efecto en el mismo y el derecho de acceder a la justicia.


Arroyo Harnina de Almendralejo
Este arroyo soporta grandes niveles de contaminación

Considerando lo expuesto, la Plataforma decidió realizar un informe sobre este incumplimiento tomando algunos casos prácticos como ejemplos. En el informe se incluyeron copias de los documentos que mostraban la veracidad de lo denunciado. El día 18 de febrero de 2009 se remitió al Comité de Cumplimiento del Convenio. El 7 de mayo el Comité comunica a la Plataforma que, ?habiendo considerado la admisibilidad de la comunicación en su
reunión vigésima tercera (30 de marzo - 3 el abril del 2009), en una base preliminar ha determinado admitirlo?. También, se informa que se remite la queja al Ministerio de Medioambiente para que realice las alegaciones que estime oportunas. Esta admisión es muy importante, teniendo en cuenta que desde 2004, primer año del cual hay información de las quejas aceptadas por el Comité, solamente ha admitido 37 de toda Europa.

La Plataforma considera de importancia capital que la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sea consciente de los reiterados incumplimientos al Convenio, que ha generado un estado de conflictividad social intolerable. Que las asociaciones son menospreciadas. Que los
ciudadanos son perseguidos, insultados, criminalizados , simplemente por intentar cumplir con el derecho-deber establecido en él.


Chimenea de Vinibasa, la dificultad para acceder a información sobre esta industria contaminante es uno de los motivos de la queja, afortunadamente la chimenea ha dejado de emitir humos, aunque no por los evidentes incumplimientos de la normativa, sino por un grave incendio que sufrió


Los miembros de la Plataforma concluyen que es imprescindible que se modifique la Ley 27/2006, de 18 de julio, de forma que el derecho a la justicia gratuita para las organizaciones que en sus estatutos tienen como uno de sus fines la defensa del medioambiente, sea establecido de forma clara y precisa que impida, como ocurre en la actualidad, que se le pueda dar una interpretación jurídica contraria al espíritu de la norma. Sin un acceso gratuito a la justicia, todo el Convenio queda en papel mojado, pues una vez agotado el procedimiento administrativo, no hay ninguna vía para recurrir las decisiones de la administración que por acción u omisión
incumplan lo establecido en él.
Además, esperan que los gobiernos locales y regionales tomen nota y empiecen a trabajar para hacer efectivo los tres principios de Aarhus acordados por toda la comunidad internacional.

La queja en la página oficial de La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas

Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo
Página web: http://perso.wanadoo.es/plataforma_cc/