Foto del tigre abatido ilegalmente en monterrubio
Desde Ecologistas Extremadura esperan que haya condenas ejemplares ante la gravedad de los hechos allí ocurridos, la importante alarma social creada, el daño a la imagen de Extremadura y las repercusiones ambientales y sociales que tienen actividades de este tipo totalmente contra natura para los ecologistas.
Parece a que a la luz de los hechos y la marcha de las diligencias previas y las acusaciones formuladas creen que se podrá demostrar la existencia de varios delitos. Aún así, creen que la actual legislación sigue siendo insuficiente y esperan de la Junta de Extremadura que se erradiquen las formas de caza más antinaturales que por desgracia tienen algunos seguidores que hacen gala de muy pocos escrúpulos.
También piden que se persiga con más contundencia las redes de tráfico de animales y que se acabe con la tenencia en cautividad de forma injustificada de las especies silvestres, con más vigilancia y control de los núcleos zoológicos de la región. En este sentido consideran necesario un cumplimiento más estricto de la legislación e incluso un cambio en la misma que establezca que especies pueden tenerse en cautividad excluyendo el resto de especies, aplicando el principio de precaución no deberían tenerse y menos aún venderse especies que: sean un peligro evidente para la seguridad (como los grandes felinos), no se adapten a la vida en cautividad, puedan ser vectores de transmisión de enfermedades, estén protegidas, y por supuesto aquellas cuya liberación sea una amenaza para el equilibrio ecológico y la biodiversidad.
Recuerdan que actualmente la introducción de especies es la segunda causa de extinción de especies en el mundo y pese a que supuestamente está prohibido y penado por diversas legislaciones, se sigue haciendo en la mayoría de los casos por desconocimiento. En el caso enjuiciado de estos safaris el motivo son los intereses económicos que en la mayoría de los casos provocan acciones ilegales en la más absoluta impunidad.
Por otra parte, consideran necesario que se revisen las políticas en materia de caza y defensa de los derechos de los animales en Extremadura, en este sentido consideran necesario un giro completo en la política cinegética, que impida la desnaturalización progresiva de esta actividad en la región, cuyo exponente más sorprendente ha sido la caza de leones, tigres y lobos.
Además, se vuelve a pedir a las autoridades autonómicas que demuestren con hechos que quieren acabar con este tipo de actividades y creen que con la simple personación en esta causa no es suficiente, ya que es sorprendente que estos hechos pasaran durante largo tiempo desapercibidos para la Junta de Extremadura.
En los cotos extremeños, como en el que se descubrieron estos hechos que se juzgan, proliferan los grandes vallados que constituyen un obstáculo a veces de difícil acceso para los agentes de la autoridad y que dificultan su prospección. En el interior de estos vallados se mantiene encerrados a los animales salvajes que en muchos casos se alimentan artificialmente con forrajes o piensos, en algunas además se introducen y mantienen especies foráneas como faisanes, arruí, muflones o gamos.
Estas vallas muchas veces representan trampas mortales para numerosos animales, cinegéticos o no, que quedan fatalmente atrapados. Y son numerosos los casos en los que han encontrado especies protegidas en un precario estado de conservación. Además, es una realidad que poco después de generalizarse los vallados en la Sierra de San Pedro se extinguió el lobo ibérico. También algunas vallas han sido construidas en terrenos con grandes pendientes que han producido una alta erosión en el terreno siendo franjas de deforestación que afectan negativamente a la biodiversidad y al paisaje.
Desde esta organización se considera que si se pretende mantener la caza (que practican en torno a un 8% de los extremeños/as) como actividad supuestamente deportiva, los propios cazadores deberían reaccionar y acabar con estas actividades si no quieren que aumente la oposición social a la caza. Además, estiman que la administración debería velar por los intereses de todos, debiendo primar los intereses de la conservación del medio ambiente frente a los económicos de los gestores de la caza o la "pseudocaza" como en el caso que se enjuicia en el juzgado de Don Benito.
http://ecologistasextremadura.blogspot.com/search?q=monterrubio
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