Más de 500 colectivos envían una carta al gobierno pidiendo no haya fondos públicos para la tauromaquia

Madrid 4 de mayo de 2020. Más de quinientas entidades diversas, entre protectoras, ecologistas, feministas, colectivos veterinarios, pensionistas, empresas, y organizaciones europeas firman una carta abierta al gobierno de coalición para hacerle llegar su inquietud respecto a las posibles ayudas a la actividad taurina.

En una carta dirigida al gobierno, de entre los más de 500 firmantes, la mayoría son protectoras de animales y santuarios de toda la geografía española que, durante la pandemia, han ofrecido sus centros para acoger a los animales de las personas enfermas por Covid-19, personas sin hogar o víctimas de violencia de género. También firman veterinarios que han estado en primera línea para no dejar atrás a los animales. Pero igualmente destacan colectivos como la Plataforma de Pensionistas de España por la Dignidad o distintos colectivos feministas.

En la carta se hace referencia al momento de crisis social y económica provocada por el coronavirus “que aboca a una desgarradora recesión económica” y continúan, “es cuando los valores éticos cobran mayor importancia.” Señalan que “las dificultades pueden servir para hacernos mejores” y abogan por “valores que cohesionan a una sociedad, como la solidaridad y la empatía; también hacia aquellos que no tiene voz para defenderse, pues es evidente que, cuando el ser humano busca solo su propio beneficio e ignora a los demás habitantes del planeta, la Tierra se defiende.”

Las entidades aportan dos anexos elaborados por AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal). El primero “Situación de la Tauromaquia en España” habla del empleo que genera este sector, que, según afirma, “es escaso, temporal y endogámico, resultando patente que el sector taurino debería contar actualmente con otras fuentes de ingresos, más allá de esta actividad específica, para poder adaptarse al evidente declive que padecen”.

José Enrique Zaldívar, presidente de AVATMA, señala: “Queremos llamar la atención sobre lo que recoge el convenio laboral del sector y hacer especial hincapié en las diversas categorías en las que se encuadran los “jefes de cuadrilla”, es decir, toreros, rejoneadores y novilleros. En función de su categoría o grupo, A, B o C, estos profesionales tienen determinadas obligaciones en cuanto a la contratación de sus cuadrillas (picadores, banderilleros, y mozos de espadas). Son ellos los que tienen la obligación de cubrir todos los gastos de sus subalternos y pagar sus nóminas, mientras que, aquellos, son contratados por los empresarios que explotan los cosos taurinos. Durante 2020, solo 6 toreros, 2 rejoneadores y ningún novillero, habrían estado obligados a contratar una cuadrilla completa (6 personas) para toda la temporada. La cifra total de estos profesionales, “jefes de cuadrilla”, que trabajaron durante 2019, fue de 385, eso sí, con una importante disparidad de ocupación, porque la mayoría de ellos, apenas estuvieron presentes en 1 o 2 festejos. Estos datos indican la volatilidad laboral que genera el sector taurino.”

Alessandro Zara, vocal de La Tortura No Es Cultura, advierte que se han anunciado ayudas como la reducción al IVA propuesto por la CCAA Madrid, y en Andalucía se habla de ayudas directas.

En la misiva, los colectivos mencionan la evolución de la sociedad hacia el fin de la tauromaquia, con un 84% de jóvenes que declaran no están orgullosos de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición cultural (Ipsos Mori, 2015) –, las cifras publicadas por los organismos oficiales –el número de festejos taurinos en plaza ha caído un 58,4% en la última década- y las encuestas, que muestran que el 78% de la ciudadanía española se opone a que se subvencione la tauromaquia con dinero público (YouGov, 2018) Por ello se preguntan “¿Por qué se ignora este sentir popular?”

Marta Esteban, de Animal Guardians señala: “¿Por qué invertir fondos públicos tan preciados y necesarios en este momento, en una actividad abocada a la desaparición? ¿No sería más sensato invertirlos en proyectos de reconversión de las actividades taurinas hacia otras que no vayan a desaparecer en un futuro no lejano? Si realmente se quiere echar una mano a las personas de este sector, esa sería la mejor ayuda. Invertir en tauromaquia es como invertir en máquinas de escribir”

La carta al Gobierno también hace referencia a las indicaciones recibidas por nuestro país de parte de Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en 2018, cuando instó a “prohibir la participación de menores de 18 años como toreros o espectadores de eventos taurinos, con el fin de prevenir los efectos perjudiciales que la violencia de estas prácticas crueles tienen sobre la mente y la sensibilidad del desarrollo de la infancia y la adolescencia.”

Carmen Ibarlucea, Presidenta de La Tortura No Es Cultura dice: “Con esta carta exigimos total transparencia por parte del Gobierno y el resto de administraciones públicas sobre cualquier ayuda o subvención que se destine al sector de la tauromaquia. Llevamos muchos años de oscurantismo. Sabemos que les llega mucho dinero público por vías indirectas, mientras no dejan de lamentarse por las pérdidas en los medios de comunicación.

La carta hace un recorrido por la demanda social de actividades culturales, donde la música (87,2%), la lectura (65,8%) y el cine (57,8%) son las más demandadas, seguidas de las visitas a monumentos o yacimientos (50,8%), asistencia a exposiciones o galerías de arte (46,7%), bibliotecas (26,8%), etc., mientras que las corridas de toros solo son demandadas por un 5,9% de la población (Mº. Cultura, 2019) y señalan que sería difícil de entender que las últimas recibiesen tanto o más que las primeras.

En la carta se mencionan también ayudas indirectas a la industria taurina, como el dinero que llega desde la Unión Europea a través PAC (Política Agrícola Común) y recuerda al Gobierno el enorme rechazo por parte de la gran mayoría de los eurodiputados a que se destine a sostener el ganado de lidia, expresado en la votación realizada en 2015, con 438 votos a favor de eliminarlas, 199 en contra y 50 abstenciones.

Para terminar, estas más de quinientas organizaciones hacen un llamamiento para trabajar en la actualización de la legislación que manera que se dé libertad a las Comunidades Autónomas para regular y mantener o no las expresiones culturales de acuerdo con el deseo de la mayoría social. 

Enlace de acceso a la carta: https://bit.ly/2WtOe4j