Las organizaciones de defensa del medio ambiente de Extremadura reclaman sentido común a los gestores del territorio y a los promotores de grandes proyectos en la región: las leyes ambientales deben cumplirse igual que se cumplen en el resto de la Unión Europea.
Desde que se anunció una sentencia del Tribunal Supremo ordenando la demolición total del complejo urbanístico Isla de Valdecañas, declarado ilegal en varias sentencias anteriores, la reacción mayoritaria de responsables de la Junta de Extremadura, alcaldes y vecinos ha sido cargar contra la protección de la naturaleza y, en definitiva, contra las leyes europeas y nacionales que establecen las mismas obligaciones para todos los estados de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a Red Natura 2000.
Nuestra administración sabe que todo el territorio protegido en Extremadura, ya sea por Red Natura 2000 o por otras figuras de protección, ocupa solo el 30,6% de la región, un porcentaje muy inferior al de muchas otras comunidades autónomas que, teniendo una parte mayor de su superficie protegida, no tienen esos problemas de desarrollo, como Cataluña con el 37,34% de su territorio bajo protección ambiental, Valencia con el 39,27%, Islas Baleares con el 35,34% o Madrid con un 41,24% de su territorio protegido (datos del Informe sobre el Estado del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España. 2013). Además existen numerosos estudios que muestran el valor económico y su importancia para el desarrollo de nuestro patrimonio natural (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.MITECO)
El debate se ha centrado mayoritariamente en declaraciones de todo tipo contra una supuesta “excesiva” protección del medio ambiente en Extremadura, insistiendo que esa es la causa de todo lo que ha pasado en Valdecañas y, por extensión, de todos los problemas de desarrollo de Extremadura desde hace décadas, transmitiendo la impresión a la ciudadanía de la región, que estamos en un territorio ahogado por los espacios protegidos.
En realidad, los problemas de despoblación tienen otras causas, ya que son idénticos en municipios dentro o fuera de Red Natura, y están más relacionados con la falta de servicios e incentivos en zonas rurales alejadas, que puedan mantener y atraer a la población joven, pero también a los inversores tradicionales. Es un fenómeno generalizado en casi todo el mundo: la población tiende a concentrarse en núcleos urbanos que cuentan con los servicios tecnológicos, educacionales y sanitarios que necesitan. Atraer de nuevo a los jóvenes y emprendedores urbanos a los núcleos rurales o mantener allí a las nuevas generaciones, tiene más que ver con dotar a estas zonas de adecuados servicios, incentivos fiscales o ayudas al emprendimiento y no por eliminar la protección ambiental que la propia Junta propuso para menos de una tercera parte del territorio, donde se conservan los recursos de biodiversidad que Europa pide proteger.
Desde las organizaciones de protección de la naturaleza de Extremadura, queremos dejar claro que también trabajamos por mejorar la región, por evitar saqueos injustificados de inversores sin escrúpulos (vean el caso de la mina de Aguablanca) y por ayudar a la administración a encontrar soluciones de desarrollo rural con futuro, cumpliendo las leyes ambientales de la Unión Europea y ofreciendo incentivos fiscales, servicios y facilidades a los emprendedores e inversores comprometidos con un desarrollo sostenible.
