Comunicado conjunto ONGs ambientales consejo extremeño caza 17 de septiembre 2021

Como es habitual coincidiendo con Feciex el 17 de Septiembre de 2020 se ha celebrado un Consejo Extremeño de caza, en el mismo las ONGs ambientales han realizado una serie de peticiones

  Al verse la revisión de la orden de vedas han aprovechado para pedir que se cumpla su objetivo fundamental la necesidad de que exista una parada biológica, para que las especies puedan reproducirse y sea una actividad sostenible, por ello piden que se acabe con la gran cantidad de excepcionalidades que hacen que ya no exista la veda en la práctica y que todo el año se esté cazando en detrimento de especies cinegéticas y no cinegéticas. Así como de los cazadores que si la respetan.

Como ejemplos sangrantes ponen dos modalidades que piden se dejen de autorizar, la caza del ciervo en berrea que se desarrolla en este momento y que repercute negativamente en la selección natural del venado así como en el recurso turístico de la berrea. También piden el fin de la caza del zorro en madriguera por su extrema crueldad al matar a las crías y a veces a la madre en su madriguera .

 También han manifestado su preocupación por los comentarios de algunos cazadores y que estás ONGs no pueden comprobar de que se habrían matado tórtolas europeas pese al cupo cero establecido, en este sentido han pedido información sobre si se han realizado  servicios específicos de agentes de medio natural para garantizar el cupo cero como se ha hecho en otras comunidades autónomas, según se les ha informado agentes del SEPRONA habrían realizado varias denuncias por caza ilegal de tórtola europea las ONGs manifiestan su agradecimiento por esta labor y  esperan que se sancione adecuadamente para prevenir que se repita.

Tórtola europea en Extremadura

Han aprovechado para reiterar su petición de que se repongan los efectivos de agentes de medio natural aún sin cubrir y se hagan más servicios de control de la actividad cinegética y servicios específicos para controlar el respeto a las zonas de seguridad donde son habituales los tiros con peligro y molestias para el resto de ciudadanos..

Han pedido el fin del abuso de  las emergencias cinegéticas que más que una emergencia es lo habitual en los últimos 20 años, desvirtuándose su principio de emergencia.

Han vuelto a reiterar su petición de que se elimine el plomo de la munición en Extremadura ya que es un metal pesado bioacumulativo peligroso para la salud humana y de los animales.

Han pedido que se hagan censos con verdadero rigor científico de las especies cinegéticas ya que afirman que la actual caza se está volviendo insostenible y muy dependiente de granjas cinegéticas que consideran estás ONGs que generan más problemas que soluciones.

Algunos visores térmicos a la venta en un stand de FECIEX

Las ONGs han pedido que se incluya en la normativa cinegética la prohibición del uso de visores térmicos en la práctica cinegética en Extremadura, como ya han hecho otras comunidades autónomas, desde la Consejería han indicado que esto ya está prohibido por la ley de patrimonio natural, las ONGs han detectado la página web de una empresa de venta de estos equipos que informa de forma errónea que no están prohibidas en Extremadura y en la feria hay dos empresas que los venden, las ONGs ecologistas creen conveniente avisar a los cazadores de la ilegalidad de su empleo para cazar y las importantes sanciones económicas que puede conllevar su uso.

Imagen con visor térmico, estos dispositivos tecnológicos está prohibido usarlos para cazar en Extremadura

Las ONGs agradecen que la Junta de Extremadura les permita participar en el Consejo Extremeño de caza pero piden que se tenga algo más en cuenta sus demandas, como la del resto de colectivos no directamente involucrados en la práctica cinegética, pero que les afecta o están en contra, porque la actual tendencia de la caza genera cada vez más rechazo social y pone en peligro a medio plazo la continuidad de la misma.

Este comunicado es apoyado por las ongs ambientales ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, EL SABIO MUDO, GRUS, SEO/BIRDLIFE Y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA.

Preocupación ante la detonación de bombas caseras en los vehículos oficiales de los agentes del medio natural de la comarca de la Vera

 

La Coordinadora de ONG Ambientales de Extremadura integrada por AMUS, Adenex, ANSER, Sabio Mudo, SEO/BirdLife, Sociedad Extremeña de Zoología, Ecologistas Extremadura, Grus Extremadura, Ecologistas en Acción de Extremadura, DEMA y WWF-Grupo Badajoz, piden al Director General de Política Forestal y a la Consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura que se investiguen y se tomen todas las medidas ante la puesta de bombas caseras en los vehículos oficiales de l@s Agentes del Medio Natural de la Comarca de La Vera en Cáceres. Así como que se dé el máximo apoyo público por las máximas autoridades políticas de Extremadura al cuerpo de Agentes del Medio Natural Extremeño.

Hay que recordar que esta situación se repite en el tiempo, dado que se han puesto en tres ocasiones estos artefactos caseros en los vehículos: a finales de marzo, el pasado 16 de febrero de 2021, y en el mes de noviembre de 2020. Aunque ya en diciembre de 2019 habían aparecido los vehículos de los agentes del medio natural de Villanueva de la Vera, en Cáceres, con todos sus neumáticos pinchados y con los cristales rotos a pedradas.

Por desgracia se ha hecho costumbre, que los responsables de la administración les nieguen el apoyo y la cobertura necesaria, cuando hay desde un intento de agresión con arma blanca, presuntas coacciones por responsables de un sindicato agrario, intentos de atropello, insultos y un largo etc. Echamos de menos que cuando se produzca uno de estos hechos salga la máxima autoridad de la Consejería poniendo todo los medios a disposición de estos trabajadores y apoyando a sus trabajadores. De hecho, el que no se haya reunido con la Delegación de Gobierno para que se tomen el mayor interés por lo ocurrido, no da una muestra del debido aprecio que se debe mostrar a quien todos los días está en la primera línea de la defensa del patrimonio natural extremeño.

Estas acciones, aparte de dañar el patrimonio público que es de todos (como son los vehículos oficiales), su finalidad no es otra que la intimidación e intento de coacción a l@s Agentes del Medio Natural para que dejen de realizar sus funciones, que no son otra cosa que aplicar la normativa medioambiental. Debemos recordar que la comarca de La Vera cuenta con varias figuras de protección incluidas en la Red Natural 2000 donde destaca el ZEC Sierra de Gredos y Valle de Jerte, que además gran parte de él es la Reserva Regional de Caza “La Sierra”, famosa por la presencia de la cabra montés y es donde estos empleados públicos desarrollan sus tareas de trabajo.

Una vez más las ONG ambientalistas muestran todo su apoyo a todas las personas que desarrollan su labor profesional como Agentes del Medio Natural de Extremadura y, muy especialmente, a los Agentes de la comarca de la Vera implicados en estos hechos. No es admisible, que esta situación continúe en el tiempo, puesto que podría acarrear alguna desgracia personal. Ningún/a Agente debe de sufrir represalias por el mero hecho de cumplir con el cometido de velar por el Medio Ambiente que les asigna la sociedad, un bien que nos pertenece a tod@s.

Peticiones de las Ongs ambientales en el Consejo Extremeño de Caza

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE EN EL CONSEJO EXTREMEÑO DE CAZA

En la reunión del Consejo extremeño de caza del 17 de Septiembre de 2020 estas organizaciones han solicitado la suspensión de la media veda para las próximas dos temporadas, que se acabe con la práctica extendida de incluir fincas en los cotos sin autorización y/o conocimiento de sus propietarios. También han pedido que se permita acceder a ciudadanos y asociaciones interesadas a las ayudas que se dan para la recuperación de tórtola, codorniz, perdiz y conejo, en la actualidad se quejan de que sólo pueden solicitarlo los cotos y los resultados no son nada positivos.

También tras los graves incendios de este verano han pedido que no se cace en las zonas incendiadas.

Las nueve asociaciones ecologistas más importantes de Extremadura, ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, GRUS, SEO/BIRDLIFE Y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA, representadas en el Consejo Extremeño de Caza, participaron con un representante, el pasado jueves en la reunión de dicho órgano llevada a cabo en Badajoz, junto a otros veintitrés representantes de entidades públicas y privadas de la región; en ella presentaron las propuestas consensuadas entre todas, que fueron previamente enviadas para ser incluidas en el orden del dia. Aunque dichas propuestas se incluyeron para ser tratadas sólo como ruegos y preguntas, lo cierto es que pudieron debatirse, aunque en un ambiente no todo lo productivo que sería deseable, opinan.

Se habló de la situación de al menos dos especies cuyo estatus poblacional es muy preocupante; la codorniz (con una reducción poblacional según estudios científicos rigurosos de un 61%) y la tórtola europea, que países tan importantes como Francia han prohibido su caza. El representante de los ecologistas, pidió en base a un dictamen del comité científico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que propuso catalogarla como especie “Vulnerable”, que se prohíba su caza y haya una moratoria de al menos dos años para la media veda que fué creada para poder cazar estas dos especies migratorias. 

El sector cinegético y la Junta pretenden cumplir con la obligación europea de conservar la tórtola bajando unos pocos días hábiles de caza y el cupo de aves abatidas (de 7 a 5 por cazador y día) en vez de atender a las demandas de las ONGs sobre moratoria temporal de varios años, como se acaba de aprobar en Francia.

Se planteó igualmente que la gestión de estas especies, como amenazadas, y como integrantes de la naturaleza que son, deben depender del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta, y no de los relacionados con la caza, que no tiene competencias en conservación. Las ONGs ambientales creen además que sus asociaciones y ciudadanos particulares deberían poder participar en proyectos de conservación de las especies de caza menor en regresión que sufren la presión de la caza, en la misma medida que las entidades cinegéticas, cuyo interés no es el de la conservación del medioambiente de una forma correcta, sino fundamentalmente incrementar las poblaciones para ser cazadas, aunque con resultados muy malos sobre todo en especies de caza menor, cuyas poblaciones no dejan de descender. El argumento de las asociaciones conservacionistas es que donde mejor se pueden recuperar estas especies (lo cual es fácilmente comprobable en muchos territorios sin actividad cinegética) es en zonas donde no se caza  y que además son la base de la alimentación de varias especies en peligro de extinción.

En este sentido también se preguntó, si la Junta dispone de censos de las especies catalogadas como “cinegéticas”, o de algún tipo de índices de abundancia, para tomar decisiones para cupos o moratorias de caza de especies en las que se detecten descensos poblacionales preocupantes. Los únicos, según los responsables de la Junta de Extremadura presentes, los datos de piezas abatidas presentados por la Federación de Caza, cotos, etc. A ese respecto, las asociaciones ecologistas plantearon que esos no son datos fiables, ya que son presentados por una parte interesada por lo cual carecen del rigor científico necesario. Los censos o análisis de la situación poblacional de las especies afectadas creen que deberían ser realizados por organismos públicos o por profesionales o empresas especializadas e independientes.

Otra cuestión polémica fué la petición de las ongs respecto a que se impida que fincas privadas estén incluidas en cotos de la sociedades locales de cazadores sin permiso de sus propietarios. Aunque los representantes públicos argumentaron que se informa a los propietarios de dicha inclusión, al menos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, lo que las organizaciones ecologistas ponen en duda y en todo caso les parece insuficiente, les parece el colmo que además la administración cobre una tasa a los propietarios que desean que no se cace en su finca privada de un coto y permaneciendo además dentro del coto. En opinión de los ecologistas, en todo caso debería ser al contrario, deberían pagar los cazadores para incluir -solo con la autorización por escrito de los propietarios- una propiedad privada en un coto “social” (porque solo es social para su sociedad de cazadores, no para la sociedad de toda la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participa de la caza).

Finalmente los ecologistas solicitaron que los terrenos afectados por incendios forestales sean declaradas zonas con prohibición temporal para cazar, para evitar con ello las quemas intencionadas con la intención de facilitar la actividad cinegética. En este sentido la oposición del sector de la caza fue de nuevo intenso, aunque los responsables administrativos reconocieron que en otras autonomías se ha legislado en el sentido planteado por el representante de las ONGs ambientales. Señalaron también los ecologistas, que quizás por las necesidades de la vigilancia contra incendios, o por causas que se les escapan, lo cierto es que han detectado una muy escasa vigilancia de agentes del medio natural en la media veda, para la cual han pedido una mayor intensidad en este sentido si perseveran en seguir cazando en este periodo, aunque confían que el ejecutivo recapacite y se suspenda la media veda al menos dos años.

Las asociaciones conservacionistas expresaron su malestar ante la nula atención a sus peticiones en pasadas reuniones del Consejo Extremeño de Caza y espera se atiendan mejor las planteadas en esta ocasión y consideran que su representación es demasiado escasa de 24 participantes solo uno lo es de las ONGs ambientales pese a la importante repercusión de la actividad cinegética en el medio ambiente.

Asociaciones Ecologistas piden más vigilancia en cacerías dentro del Parque Nacional de Monfragüe

Las asociaciones ecologistas AMUS, Ecologistas en Acción, Ecologistas Extremadura, Fundación Global Nature, SEO Birdlife y Sociedad Extremeña de Zoología se han dirigido a la Consejería para pedir más vigilancia en el Parque Nacional de Monfragüe

Las organizaciones firmantes recuerdan que, en la pasada temporada de caza, se realizaron acciones de control dentro del Parque Nacional de Monfragüe y en dos de ellas se detectó que se estaban cebando las manchas. De hecho, estos hechos motivaron que se suspendieran las acciones. También hubo denuncias sobre otra, pero no se pudieron acreditar fehacientemente las irregularidades cometidas.

Agentes de Medio Natural vigilando una Montería

En este sentido, las asociaciones conservacionistas han tenido conocimiento de que algunas empresas empiezan a cebar las manchas un mes antes de la acción y que, además, los días previos se espantan las especies de caza mayor de fincas colindantes con el fin de que se concentren en la mancha que se pretende cazar.

Ante la posibilidad de que estos hechos se puedan repetir, en el caso de que se realice alguna acción de control dentro del Parque Nacional o colindantes, las ONG´s extremeñas han solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Rural:

- Que desde el mes anterior a la celebración de una acción, se programen actuaciones de control y vigilancia por parte de los agentes de medio natural que eviten que se vuelvan a repetir estas actuaciones y que, en caso de detectarse algún intento, se suspenda la acción de control en esa finca, aparte de las sanciones que pudieran ser pertinentes.

- Que, especialmente los tres días anteriores, se vigile que no se realiza ningún tipo de actuación tendente a provocar que los animales se espanten de las fincas colindantes y se concentren en la finca objeto de la acción.

- Que se comunique al SEPRONA de la Guardia Civil para que sus agentes estén al  corriente, por si pudieran ayudar en esta labor o detectaran alguna actuación irregular.

También han pedido que durante todas las acciones de control haya varios agentes de medio natural vigilando se cumpla lo establecido en el Plan anual de Acción Selectiva y el resto de normativas ambientales y cinegéticas, ya que estas actuaciones ponen en  riesgo a muchas especies silvestres que pueden morir por los disparos o atacados por los perros de las rehalas.

Agentes de Medio Natural vigilando una Montería

 

Por último, las organizaciones firmantes han solicitado que se les comunique los resultados de estos controles sobre la base de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

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Ecologistas Extremadura solicita más empleados públicos en la gestión del Medio Ambiente

El pasado 9 de marzo de 2017, en base a la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hemos solicitado que se nos informe del personal externo de la empresa GPEX, que realiza funciones en la Dirección General de Medio Ambiente. Así mismo, hemos solicitado que se contraten a más empleados públicos Biólogos, Licenciados en Ciencias Ambientales, Agentes del Medio Natural u otros; dado que el importante patrimonio natural de Extremadura, se encuentra gestionado por personal ajeno al derecho administrativo. El personal funcionario, tal como recoge la Constitución Española, es garante de neutralidad y de la aplicación estricta de la normativa en vigor y tiene un proceso de selección por mérito y capacidad que permite acceder a cualquier cuidadano/a en igualdad de condiciones, con garantías que no existen en estas empresas. 

En el año 2015, ya llamábamos la atención a la Dirección General de Medio Ambiente que en terrenos cinegéticos de gestión pública (art. 16 Ley 14/2010 Caza), como es el caso de la Reserva de Caza de “La Sierra” y que además es un espacio Red Natural 2000 como es el ZEC Sierra de Gredos, se iban apartando a los Agentes de Medio Natural de la Junta de Extremadura, y se han ido sustituyendo por vigilantes de la empresa GPEX. Hay que recordar que este personal no son agentes de la autoridad, ni sus informes y/o denuncias gozan de presunción de veracidad, por lo que la única explicación posible es buscar un personal más dócil y sujeto a inestabilidad laboral y por tanto más sensible a presiones para no hacer lo que se debe hacer o “mirar para otro lado”.

Tras haber tenido conocimiento de las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre este asunto datan del año 2009, cuando en una moción dirigida a las Cortes Generales, dicho tribunal insiste en atajar ciertas prácticas de las administraciones públicas sobre el número y atribuciones de los trabajadores externos que ocupan puestos de trabajo dentro del organigrama administrativo regional, algo que raya lo escandaloso en la Dirección General de Medio Ambiente. La Consejera de Hacienda y Administración pública, emitió una instrucción, en noviembre de 2016, sobre “Buenas prácticas en la contratación de servicios y en la realización de encargos de prestaciones a entidades que tengan la condición de medio propio y servicio técnico”.

Durante los últimos años, Ecologistas Extremadura nos hemos sorprendido sobre como varias de nuestras denuncias eran rechazadas o encontrábamos informes técnicos ambientales, que estaban fuera de toda lógica conservacionista, y sólo se explicaba por otras motivaciones. La presencia mayoritaria de este personal de la empresa GPEX, consideramos podría influir en que sus decisiones a menudo no se rijan por el interés general y el estricto cumplimiento de la legislación ambiental, como ocurre con el caso de los funcionarios públicos, a los que han ido sustituyendo.
 

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Ecologistas Extremadura reivindica la labor de los Agentes de Medio Natural en nueva Ley Agraria de Extremadura

La Asociación Ecologistas de Extremadura, ante la presentación del nuevo anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura, donde se regula en su articulo 288 las funciones y competencias del Cuerpo de Agentes de medio Natural de Extremadura, reivindican la labor de estos funcionarios públicos como agentes de la autoridad y funciones de policía judicial genérica.

La vigilancia, protección e inspección del medio ambiente puede y debe llevarla a cabo, prioritariamente, el Cuerpo de Agentes de Medio Natural de Extremadura, ya que dichas competencias son de su ámbito de atención, profesionalización y desempeño. Ello evitará la invasión de competencias y tareas entre cuerpos, máxime en un momento en el que hay que evitar solapamientos de funciones entre colectivos de servicio público, lo que está en línea con la necesaria mejora de la gestión de los recursos que la ciudadanía pone al servicio de las Administraciones Públicas.

Las Asociaciones Ecologistas estimamos que ya es hora de afrontar con responsabilidad institucional y ciudadana la protección, la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, y que esta prioridad política debe contar para su implementación con las funcionarias y funcionarios que desde hace más de 135 años tienen conferidas esas responsabilidades y tareas.

Desde esta organización consideramos que los Agentes de Medio Natural, por su especial preparación y formación en todos los ámbitos referentes al medio ambiente, así como en la persecución de los delitos ambientales, tales como los incendios forestales, la construcción ilegal o los envenenamientos de fauna, somos imprescindibles para la conservación y protección del medio natural y ambiental, pese a la campaña de hostigamiento y ninguneo a la que hemos sido sometidos por diferentes Administraciones y poderosos medios supeditados a grupos de presión, que han ocultado logros determinantes para el mantenimiento de la biodiversidad española, obviando el número de actuaciones en esta materia, la atención a las personas que viven en el medio rural, los asesoramientos e informes técnicos y ambientales, autorizaciones, evaluaciones de impacto ambiental, denuncias de actuaciones contrarias a la normativa, etcétera, lo que arroja un buen balance de trabajo, muy superior al que otros colectivos con más recursos y proyección pueden presentar.

Finalmente, y ante la tramitación del proyecto de LEY AGRARIA DE EXTREMADURA, Ecologistas Extremadura  pide la retirada del  párrafo 5 incluido en el artículo 288 por el que se pretende eliminar una de las funciones más importantes que poseen, y que no es otra que la persecución de los delitos contra el medio ambiente que se producen en esta región