Ecologistas Extremadura critica la nueva ley del suelo de Extremadura e informa que continuará denunciando las construcciones ilegales en ENP

Ecologistas Extremadura critica la nueva ley del suelo de Extremadura e informa que continuará denunciando las construcciones ilegales en espacios protegidos 

La asociación Ecologistas Extremadura desea salir al paso de los rumores vertidos por los dirigentes políticos que gobiernan la comunidad, en el sentido de que con motivo de la publicación de la nueva Ley del Suelo se puedan legalizar las construcciones ya existentes en suelo rústico. 

Lo más preocupante para el grupo conservacionista son los edificios ilegalmente levantados en los espacios protegidos además del precedente que sienta, ya que de este modo se está animando a los propietarios de parcelas a construir aun a sabiendas de la ilegalidad que cometen, para que sus construcciones sean legalizadas a posteriori.

La citada legalización de urbanizaciones clandestinas y segundas residencias es sin duda el punto más injusto e inmoral de esta nueva ley, ya que facilita y asegura la impunidad a todos aquellos que se han saltado las leyes urbanísticas y/o medioambientales, en perjuicio de quienes sí han respetado la ley y del patrimonio natural de todos.

Construcciones ilegales en Espacio natural protegido de Sierra de San Pedro (Las almeidas)

El gobierno extremeño, por su parte, ha agravado la situación al tramitar la disposición Quinta (la regularización de urbanizaciones ilegales) como adicional en lugar de como transitoria, desoyendo la recomendación hecha por el Consejo Económico y Social de Extremadura. La distinción no es baladí, ya que de haber sido formulada como transitoria se evitaría la picaresca de nuevas ilegalidades y nuevas regularizaciones. En otras palabras, se trata de amnistiar un delito que aún no se ha cometido.

Miembros de Ecologistas Extremadura, han comprobado cómo determinados propietarios ofrecen la venta de parcelas rústicas diminutas escudándose en la fórmula de ser parte de comunidades de propietarios, así como la construcción de viviendas o naves en ellas. Dichas ofertas se realizan por vía telefónica sin licencia de obra y sin proyectos de construcción porque son ilegales, como así reconocen los propios vendedores. Ante las preguntas del supuesto comprador, aquellos afirman que no habrá problema, ya que la administración no tirara la construcción, y además está previsto legalizarlas con la nueva ley. Esta práctica se ha confirmado al contactar con varias inmobiliarias de la región, a las que se ha llamado haciéndose pasar por compradores. Algunas de estas parcelas se ofrecen incluso semi-urbanizadas, con pistas de nueva construcción o con promesa de construirlas. Desde esta asociación se avisa a los ciudadanos de que las empresas inmobiliarias actúan de tal modo que la responsabilidad recae especialmente en el comprador, por cuanto en la escritura no figura la existencia de la construcción, acceso, vallados,… En este sentido opinan que deberían actuar las autoridades para evitar lo que podría ser un fraude de ley.

Ecologistas Extremadura continúa también pese a todo con su política de denuncias de todas las construcciones o intentos de construcciones ilegales, principalmente las localizadas en espacios protegidos, ya que se trata de una actividad tipificada como delito medioambiental, y que como tales tiene que ser denunciada ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Así, el pasado mes de octubre se ha denunciado una construcción incipiente en Talarrubias, en las proximidades de una laguna natural, otra en término municipal de Orellana la Vieja y hay más en preparación en diferentes puntos de la región. En todo caso, y ante la confusión que parece existir entre ciudadanos que les han preguntado, advierten que las legalizaciones no pueden afectar en ningún caso a estos espacios naturales protegidos.

Ecologistas Extremadura quiere hacer saber que su intención es evitar el daño medioambiental y no desea causar perjuicio a los pequeños propietarios. Por eso, cuando les es posible, denuncian las construcciones en sus fases iniciales para que la única pérdida sea la detención de la obra, aunque también denuncian aquellas ya construidas. Lo triste, en su opinión, es que esta tarea no la realice quien por ley debería hacerlo, es decir la administración autonómica de Extremadura, o del estado, o incluso la municipal. Todas ellas están obligadas, al menos moralmente, a cumplir y hacer cumplir las leyes. Otras construcciones denunciadas en 2010 han sido en Hervás y en el ZIR del embalse de Orellana y Sierra de Pela (uniéndose a las que se denunciaron en 2009), asimismo se hace seguimiento de las denunciadas en Sierra de San Pedro, la Vera, Las Villuercas,… las hay en diferentes momentos procesales, pero ya hay muchas de ellas que consideran previsible que los tribunales resuelvan en 2011.

Explanación  denunciada dirigida supuestamente a hacer Construcción ilegal en el Río Guadalupejo

La asociación ecologista cree que se debe hacer memoria, y recordar las construcciones ilegales que se denunciaron en el entorno del Embalse de Orellana. Tuvieron una gran repercusión en los medio de comunicación y en muchas de ellas se han iniciado causas judiciales para las cuales esta asociación solicita el derribo de lo ilegalmente construido y la reparación del ecosistema. Recuerda como periódicos regionales, sacaron en primera página el tema (con titulares como “La esposa del alcalde de Villanueva construye un chalet ilegal junto al pantano de Orellana”, etc.), con centenares de comentarios por parte de los internautas. Dicho chalet, afortunadamente, en este caso, fue desmontado.

Enlaces relacionados:

El dictamen (apartado 49) lo referido en el comunicado:


http://www.cesextremadura.org/actividades/dictamenes/2010_dictamen_4.pdf

Publicación de la ley del Suelo de Extremadura en DOE
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2020O/10010011.pdf

Apoyan la sentencia del TS que ordena el derribo de "el cubo" de biblioteconomía

La asociación conservacionista reclama que se haga efectiva la reciente sentencia que obliga a restituir la Alcazaba de Badajoz al estado previo a la construcción del Cubo de Biblioteconomía, tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo.

Consideran que no es de recibo que las administraciones públicas -que son quienes deben velar por el cumplimiento de las normativas ambientales y urbanísticas-, sean precisamente las que con más impunidad se salten dichas normativas y amparen ilegalidades urbanísticas de todo tipo. Especialmente en el entorno rural, pero también en las ciudades.

El polémico e ilegal cubo. Foto: Diario Hoy

En ese sentido, critican la política de hechos consumados contra el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico, al tiempo que exigen responsabilidades a los políticos que, a sabiendas, han cometido una infracción urbanística.

Asimismo, Ecologistas Extremadura apoya la valiente actuación de Amigos de Badajoz, asociación que durante las últimas semanas está sufriendo una presión mediática brutal orquestada, irónicamente, por aquellos que de modo tan irresponsable han derrochado tal cantidad de fondos públicos en una obra ilegal.

Desarrollo sostenible para Alqueva, no especulación urbanística

Ecologistas Extremadura confía en que el Plan Territorial de Influencia del Embalse Alqueva sea un modelo de desarrollo sostenible que garantice el futuro de este territorio degradado por la construcción del embalse

Algunos de los cerca de un millón de árboles que murieron con la construcción de la presa de la Alqueva y su posterior llenado
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Ecologistas Extremadura espera que la anunciada aprobación inicial del Plan Territorial de influencia del Embalse de Alqueva hecha por el señor Quintana, Consejero de Fomento de la Junta de Extremadura, tenga en cuenta el patrimonio natural de la zona. El anuncio de la Consejería de Fomento indica que el embalse de Alqueva ha afectado a los términos municipales de Alconchel, Cheles, Olivenza y Villanueva del Fresno, aunque el Plan Territorial se extenderá también al de Táliga.

Muerte bajo las aguas en embalse Alqueva y tocones de árboles talados, más al fondo se ve el ecosistema original antes de la presa y que debería ser preservado del urbanismo depredador
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La zona sobre la que se proyecta este Plan Territorial principalmente son extensos encinares adehesados (más o menos abiertos) de la penillanura extremeña, con ganadería vacuna, porcina y ovina en régimen extensivo. Son reflejo de un modelo de desarrollo sostenible en el que la excelente calidad de sus productos es apreciada por el consumidor. Este manejo de estos extensos encinares ha permitido la coexistencia de un elevado número de especies animales y vegetales, siendo un lugar con un alto valor de biodiversidad. Ésta se ve enriquecida por bosques de ribera: fresnedas, acebuchales, olmedas, saucedas, adelfales, tamujares, entre otros, y con zonas esteparias como los Llanos de Villanueva del Fresno o los del norte de Puente Ajuda en Olivenza, sin olvidarnos de ribazos y pequeños cortados rupícolas. Todos estos ecosistemas se han visto muy afectados por la construcción de este enorme embalse, sepultando bajo sus aguas mortales un sin fin de valores naturales, sociales e históricos.

Tramo del arroyo Cuncos en la Presa de Alqueva donde se puede observar la progresión del llenado del embalse y la consiguiente muerte de la fauna y flora preexistente, también se puede apreciar la contaminación del agua

La Administración autonómica ha reconocido la singularidad de algunos de estos espacios. Así existen los LIC: Río Guadiana Internacional, Sierra de Alor y Monte Longo, Río Alcarrache (además Corredor Ecológico y de Biodiversidad), Mina Las Marías y de Los Novilleros y Dehesa de Jerez de los Caballeros (además ZEPA).

Esta asociación señala que esta red de espacios protegidos Lic/Zepa o Corredor Ecológico y de Biodiversidad resulta incompleta, como ocurre con los Llanos de la Albuera o la Dehesa de Jerez de los Caballeros, quedando muchos de sus valores naturales fuera de los límites actualmente establecidos.

Cuando el DOE de 21 de junio de 2005 publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno recogiendo la necesidad de redacción de este Plan Territorial, Ecologistas Extremadura encontró algunas contradicciones difíciles de conjugar en un mismo proyecto y espacio. En este DOE se mencionan expresamente como justificación los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución española relativos los dos primeros al derecho al medio ambiente y a su protección y el 47 al derecho a la vivienda y regulación del suelo para garantizarla, Ecologistas Extremadura espera que algunos aspectos del artículo 47 no se pretendan emplear como excusa para incumplir los otros dos y otras muchas normas y disposiciones, y que no se pretenda seguir el modelo portugués en la zona de propiciar y extender la creación de urbanizaciones, hoteles y otras infraestructuras en el medio natural, que poco tienen que ver con el acceso a la primera vivienda. La construcción en suelo rústico acabaría destruyendo el patrimonio natural, social e histórico de la zona, impidiendo mantener el modelo de desarrollo sostenible que existe, que garantiza el futuro de la zona y abogan porque en su lugar, lo que haya que construir, se haga en las poblaciones ya existentes, rehabilitando de paso construcciones antiguas.

Ecologistas Extremadura quiere volver a recordar que ciertos lugares de este inmenso espacio estaban protegidos por su inaccesibilidad, ahora la brecha abierta por las aguas de Alqueva hace necesario un esfuerzo por parte de nuestra Administración, en acuerdo con la lusitana, para que se garantice la preservación de estos lugares.

Alguna de las miles de encinas muertas con la construcción del embalse de la Alqueva

Enlaces relacionados:

La Alqueva, el desierto de agua

Critican la concesión del premio “puente de Alcántara” a la presa de Alqueva

Critican un premio a la presa de Alqueva

DOE de 21 de junio de 2005 acuerdo del Consejo de Gobierno redacción de Plan Territorial para Alqueva

Comunicado aprobación inicial del Plan Territorial de influencia del Embalse de Alqueva de Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura

Primeros resultados contra la construcción ilegal en las comarcas de la Vera y la Serena

“La actuación del SEPRONA y la fiscalía consiguen frenar la construcción ilegal en los municipios de la comarca de la Vera y la Serena, en las que Ecologistas Extremadura ha presentado denuncias”

El mes de julio del pasado año, la organización Ecologistas Extremadura comenzó a denunciar la presencia de múltiples construcciones ilegales en las comarcas de la Vera y La Serena. La mayoría de estas construcciones se habían realizado en terrenos incluidos en la Red Natura 2000, pertenecientes al Lugar de Importancia Comunitaria de “Sierra de Gredos y Valle del Jerte” y a la ZEPA “Embalse de Orellana y Sierra de Pela” dotados, supuestamente, de la máxima protección ambiental a nivel comunitario.

Construcción ilegal en el Guijo de Santa Bárbara

Estas construcciones no constituían casos aislados. De hecho, la organización ecologista denunciaba que el número de edificaciones ilegales en estas zonas estaba completamente descontrolado, y que los infractores campaban en la más absoluta impunidad. Las edificaciones se levantaban en plena naturaleza, a la vista de todo el mundo, realizando talas y movimientos de tierras ilegales sin que los ayuntamientos ejerciesen sus competencias urbanísticas para impedirlo.

Explanacion para Chalet en herradero cogolludos ZEPA embalse de Orellana

A las primeras denuncias del Guijo de Santa Bárbara siguieron las realizadas en Jarandilla de la Vera. A finales del mes de febrero se presentaron nuevas denuncias en Aldeanueva de la Vera , sumando un total de 43 en tan solo tres localidades. Igualmente se han denunciado decenas de construcciones ilegales en municipios de Badajoz. Destaca Orellana de la Sierra,, con 22 construcciones denunciadas, y le siguen Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer.

Pocos meses más tarde, el efecto de las denuncias ya es visible. Las investigaciones llevadas a cabo por el SEPRONA, así como la diligente acción de jueces y fiscalía han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales. Los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista. Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores.

Construcción denunciada en Jarandilla de la Vera

Desde Ecologistas Extremadura lamentan que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran. Para la organización ecologista no había ninguna voluntad política de atajar este problema, y si ahora existe en los ayuntamientos es únicamente a causa de la existencia de denuncias, y también por las posibles responsabilidades penales en que pueden incurrir los ediles y secretarios. La dejadez de las corporaciones municipales durante los últimos años ha traído como consecuencia el que se levanten centenares de construcciones ilegales en espacios protegidos, originando tanto un grave problema medioambiental como un visible deterioro del paisaje.

Promociones y cartel publicitarios en la propia ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Ecologistas Extremadura manifiesta asimismo que, aunque el ritmo de construcción ilegal ha descendido de forma importante, aún se producen actuaciones de este tipo, y que además algunas de las obras sobre las que se ha dictado orden de paralización han proseguido, por lo que esta organización cree imprescindible un seguimiento de las mismas y sobre todo la demolición de lo construido ilegalmente. En este sentido confían en una actuación conforme a la Ley por parte de los tribunales. Además, recuerdan que se pueden imponer fuertes sanciones administrativas como las que contempla la legislación, de oscilan entre 150.000 y 600.000 euros.

Parcela con múltiples construcciones ilegales en Aldeanueva de la Vera

Desde esta organización ecologista se quiere hacer reflexionar a los poderes públicos, que tienen la capacidad y la obligación de poner fin a la edificación ilegal, que la mejor forma de acabar con estas actuaciones es el derribo de las edificaciones, ya que las simples sanciones económicas se consideran por parte de los infractores como un coste más de las construcciones, que en algunos casos pueden encontrarse a la venta en cualquier inmobiliaria de la zona, en revistas e Internet en precios que oscilan normalmente entre los 125.000 y los 250.000 €.

Además, Ecologistas Extremadura desea poner de manifiesto que lo denunciado hasta ahora es sólo pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida.

Construcción ilegal en Cogolludos ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Desde esta organización recomiendan a los ciudadanos que se informen bien antes de comprar cualquier finca rústica o lanzarse a construir, que valoren el impacto ambiental que puede generar su actuación y los perjuicios, muchas veces irreparables, para el medio ambiente extremeño.

Construcciones en la ZEPA Embalse de Orellana y Sierra de Pela

Enlaces relacionados sobre urbanismo en medio rural de Extremadura:

Ecologistas Extremadura denuncia construcciones ilegales en Jarandilla de la Vera, en zonas incluidas en la red Natura 2000

Construcciones ilegales en espacios naturales protegidos incluidos en la red Natura 2000 del Guijo de Santa Bárbara:

Denuncian urbanismo incontrolado en los espacios naturales protegidos extremeños

Especulación urbanística y ciudades mixtas

Oposición al macroproyecto turístico inmobiliario en Valdecañas

Especulación asociada a los campos de Golf

Recurrido el archivo de la causa por delito ecológico en los Llanos de Cáceres

Especulación urbanística en Espacios Naturales

Denuncian una cantera junto al río Salor

“Ecologistas Extremadura denuncia el funcionamiento de una cantera en el lugar de “Las Pedregosas” muy cerca del río Salor dentro del término municipal de Cáceres”.

La empresa Áridos Sevilla Nevado está realizando movimientos de tierras y vertidos en una zona muy cercana al río Salor, que es un espacio natural protegido e integrado en la Red Natura 2000, que se está viendo afectado negativamente por dicha actividad.

Múltiples encinas como las que aún se ven en la foto han sido afectadas

Las obras llevadas a cabo podrían ser ilegales y han sido denunciadas ante los órganos competentes tanto de la Junta de Extremadura como del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya que estas actuaciones deberían haber sido sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental en cumplimiento de la legalidad. También se ha certificado por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) la existencia de captaciones de agua ilegales y la instalación de una planta de tratamiento de áridos no autorizados por parte de la empresa, lo cuál deja bien claro el incumplimiento del condicionado ambiental por parte de Áridos Sevilla Nevado.

Para Ecologistas Extremadura la empresa no respeta el condicionado ambiental de una oncesión minera del año 2004, ya que se están extendiendo los movimientos de tierra y las excavaciones hacia terrenos no autorizados produciendo un grave daño ambiental sobre los ecosistemas del río Salor y su entorno que posee unos valores ecológicos notables. Esta área natural situada en las proximidades de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Zona de Especial Conservación (Zec) “Sierra de San Pedro” y del Zec del río Salor cuenta con la presencia de diferentes especies protegidas que se están viendo negativamente afectadas por estas instalaciones.

Los derrubios caen sobre un cauce temporal y lo interrumpen

Ante estos hechos Ecologistas Extremadura estudia emprender medidas judiciales contra la empresa por la vulneración de la Ley 9/2006, de 23 de diciembre de Espacios Naturales de Extremadura y por la presunta concurrencia de un posible delito ecológico contra la fauna y los espacios naturales.

Además, solicitan a la Junta de Extremadura la caducidad de la concesión y la suspensión de la actividad de esta cantera debido al manifiesto incumplimiento de la normativa medioambiental por parte de Áridos Sevilla Nevado.

Especulación urbanística y ciudades mixtas

Ecologistas en Acción de Extremadura considera que la idea de incluir un diez por ciento de viviendas sociales en megaproyectos urbanísticos no es más que una burda coartada y un triste lavado de cara que no tiene otra finalidad que legitimar la especulación pura y dura, el urbanismo disperso y una ordenación del territorio que responde muchísimo más a los intereses de constructoras, promotores y propietarios del suelo que a las necesidades de la sociedad.

Estiman que el pretendido fin social de la medida no es tal, sino que, más bien al contrario, lo que persigue es prestar legitimidad a proyectos que de entrada pueden ser percibidos como lesivos por la ciudadanía, por ello consideran que el modelo urbanístico que se quiere imponer se esté realizando de espaldas a la participación social y con la ausencia total de criterios de desarrollo sostenible.

A los ecologistas extremeños les parece increíble que en el actual contexto, en el que la corrupción urbanística empieza por fin a ser perseguida, la Junta se descuelgue con un decreto de estas características con el que, aseguran, puede rozar el mayor de los ridículos; ello es así porque las viviendas sociales, como su nombre indica, deben ubicarse en las ciudades y no en mitad del campo. Resulta, además, ilógico pretender enviar a personas con renta baja o discapacitadas a ghettos de donde es casi imposible salir si no se dispone de un vehículo privado, sólo para lavar la conciencia de los políticos o los, en palabras de Leonor Flores, “jubilados con cierto poder adquisitivo”.

En otro orden de cosas Ecologistas en Acción se opone a este tipo de macrourbanizaciones por lo que suponen de artificialización del medio rural, elevado consumo de recursos, construcción de nuevas infraestructuras, pérdida de hábitats para la fauna, etc. Todo lo cual contribuye, paradójicamente, a la destrucción del hábitat o el paisaje que supuestamente motivó la intervención urbanística.

Asimismo, estiman que si se renunciara a seguir construyendo infraestructuras viarias innecesarias y costosas como las autovías, el AVE o las rondas de circunvalación de muchas ciudades, se podrían financiar adecuadamente auténticas medidas de bienestar social para los mayores y otros colectivos sociales vulnerables sin la destrucción del territorio que implica las pretendidas ciudades mixtas.

Consideran que todas las Administraciones Públicas con competencias en urbanismo deben optar, dadas las ventajas sociales, ambientales e incluso turísticas que supone, por la sostenibilidad del modelo mediterráneo con pueblos y ciudades compactos y multifuncionales, priorizando los parques públicos bien cuidados en lugar de los jardines privados; las viviendas en bloque, con plena accesibilidad para las personas discapacitadas, en lugar de chalés adosados o pareados, que implican un consumo de agua, suelo, energía y materiales mucho mayor.

Les parece triste y a la vez preocupante el que los grandes promotores, una vez destruida la costa, pongan sus ojos en zonas del interior relativamente bien conservadas para repetir el proceso de degradación a la par que llenan sus bolsillos. Pretender hacer eso en pleno siglo XXI y disfrazarlo, para más inri, de finalidad social es una vergüenza y un despropósito

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Especulación asociada a los campos de Golf

Ferrocarril para todos Sí, AVE No

Especulación asociada a los campos de Golf

Ecologistas en Acción de Extremadura se congratula públicamente por la sanción que la Agencia Extremeña de la Vivienda ha impuesto a Golf Guadiana (446.800 Euros por «actuación clandestina») por construir apartamentos donde había autorización para un hotel.

El grupo ecologista desea poner de manifiesto que los campos de golf, como los hechos demuestran, no son sino la coartada que determinados grupos empresariales utilizan para obtener terreno rústico a bajo precio y transformarlo en residencial.

En este sentido, critican los dos proyectos de campos de golf que gravitan sobre la ciudad de Plasencia, y cuestionan que dichos proyectos vayan a traer beneficios para la economía local.

Por lo que respecta al consumo de agua de estas instalaciones, recuerdan que los campos de golf son unos auténticos depredadores de un recurso cada vez más escaso, y recuerdan las manifestaciones que, durante el anterior periodo de sequía, protagonizaron ciudadanos frente al campo de golf de Badajoz protestando porque el agua que Golf Guadiana utilizaba para regar el césped se detraía de la que la ciudad usaba para beber.

Piden que no se visite la estación de esquí de La Covatilla

Ecologistas en Acción de Extremadura denuncia que la estación de esquí de La Covatilla está suponiendo la destrucción de los valores ecológicos de la Sierra de Candelario y que se trata de un claro caso de especulación urbanística, ya que los responsables de la empresa Gecobesa (gestora de la estación de esquí) son promotores de urbanizaciones de alto impacto ambiental en el entorno de la estación de esquí.

Ecologistas en Acción de Extremadura critica que la estación de esquí de “La Covatilla” presenta numerosas obras ilegales que serán denunciadas ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Castilla y León por delito ecológico, ya que se han construido ilegalmente, pistas de esquí, cañones de nieve, un edificio, aljibe, etc, y todo ello, sin Evaluar los Impactos Ambientales y ocasionando daños ecológicos irreversibles.

Consideran que el objetivo de los gestores de la estación de esquí es fundamentalmente atraer al público de manera masiva para posteriormente, como ya está ocurriendo, recalificar terrenos y especular en los alrededores de Béjar y La Hoya. Actualmente, ya se están promoviendo urbanizaciones de gran impacto ambiental, como la llamada “El Rincón de La Condesa” en los alrededores de Béjar que incluye la construcción de unas 2.000 viviendas y la construcción de un campo de golf. Esta urbanización y el campo de golf consumirían el agua equivalente a una ciudad de 30.000 habitantes, pese a que numerosos pueblos de la Comarca presentan problemas en verano por la falta o deficiente calidad del agua.

Asimismo esta Asociación denuncia que los dirigentes de Gecobesa (Francisco Montero y Ángel González Pieras -exDirector de la estación de esquí de Panticosa- ) son los actuales promotores de estas macro-urbanizaciones, supuestamente para aprovechar el apoyo del Alcalde de Béjar dando un “pelotazo urbanístico” de grandes dimensiones y rentabilizar su negocio inmobiliario particular a costa del futuro ambiental de la Sierra de Candelario. Llaman la atención sobre el hecho de que el Presidente de Gecobesa sea también el promotor de “El Rincón de la Condesa”, lo que pone de manifiesto que el interés real se basa en atraer público de Extremadura (más de un 60% de los visitantes según datos de la empresa) para posteriormente dar salida a las urbanizaciones en el entorno de Béjar con miles de personas hipotecadas por el lucrativo negocio de la especulación urbanística.

Esta situación, conduce a situaciones como las del Puente de La Constitución en donde cientos de extremeños y visitantes de otras zonas de España fueron a la estación de esquí en respuesta a las campañas publicitarias de la empresa, cuando la falta de nieve no permitía practicar esta actividad. Ecologistas en Acción de Extremadura advierte que el interés de Gecobesa y los promotores de la estación de esquí son casi exclusivamente, atraer al público, no dudando en ocultar o falsear la información con respecto a la estación de esquí con publicidad engañosa, para la consecución de sus objetivos inmobiliarios.

La Comisión Europea está investigando el caso y existe una Queja por vulnerar la legislación europea fundamentada en la realización de nuevas pistas de esquí, voladuras con afección de la geomorfología glaciar, ampliaciones ilegales del aparcamiento, la quema de vegetación protegida por la Directiva de Hábitats y otras infraestructuras anexas sin Evaluación de Impacto Ambiental en un claro incumplimiento de la Directiva 97/11/CE, así como en los proyectos de ampliación que ya afectan a la Zepa “Sierra de Candelario” y que están vulnerando la normativa europea en materia de Impacto Ambiental, Aves y Hábitats.

Es por todas estas razones, por lo que Ecologistas en Acción de Extremadura piden a los extremeños que valoren la posibilidad de no visitar dichas instalaciones, ya que en su mayoría son ilegales, atentan contra el medio ambiente y fundamentalmente porque sólo responden a las intenciones de especulación urbanística de la empresa Gecobesa en la Sierra de Candelario.

Recurrido el archivo de la causa por delito ecológico en los Llanos de Cáceres

Habiendo acordado el juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, a propuesta del fiscal, el sobreseimiento provisional y archivo de actuaciones, supuestamente por no haber podico determinarlos posibles causantes o responsables de este posible delito ecológico.

Ecologistas en Acción ha recurrido en apelación contra dicho archivo por entender que no se han hecho las investigaciones oportunas ordenadas por la audiencia provincial cuando resolvió a finales de julio el recurso de 37 propietarios contra la imputación en los hechos. En dicha resolución la audiencia provincial eximía de responsabilidades penales a los propietarios de los terrenos, y que por parte del juzgado de instrucción se deberían practicar diligencias para la averiguación de los posibles autores del delito: promotores, constructores,...

Para esta Asociación, que se encuentra personada en la causa, resulta absolutamente increíble que el ministerio fiscal y la Guardia Civil no pueda averiguar quien ha hecho las construcciones y quien las ha promovido. En todo caso algo deberán saber los propietarios de las fincas.

Además desde esta Asociación se preguntan como es posible que un hecho tan flagrante no se detuviera en su momento y que incluso hoy en día sigan ocurriendo.

Se preguntan que han hecho las administraciones y como es posible que un hecho tan flagrante como la construcción de decenas de edificaciones no se detuviera.

Entiende Ecologistas en Acción que habría que aclarar si alguna de estas construcciones se han hecho sin licencia, y en tal caso quien y porque las autorizó, y en caso de no tenerlas como es posible que el departamento de disciplina urbanística lo haya consentido y no haya realizado al parecer ninguna actuación efectiva para evitarlo.

Consideran desde esta Asociación que la Justicia en esta caso no está funcionado adecuadamente y que la burocracia e incompetencia está permitiendo un grave deterioro del medio natural, creando una situación de impunidad inadmisible a lo que se encuentra recogido en la legislación como delito ecológico: la edificación sin autorización en espacios naturales protegidos y piensa proseguir en su tarea de denuncia judicial y administrativa de estas ilegalidades que tanto perjuicio están causando al medio natural, ante la pasiva complicidad de la mayor parte de las administraciones y la justicia.