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martes, 22 de septiembre de 2020

Un Juzgado de Instrucción de Mérida inicia Diligencias Previas sobre los vertidos en Arroyo Tripero en Torremejía

 Un Juzgado de Instrucción de Mérida inicia Diligencias Previas sobre los vertidos en Arroyo Tripero en Torremejía

Arroyo tripero en Torremejía 22 de Septiembre 2020


Ecologistas Extremadura ha mostrado su satisfacción por el inicio de Diligencias Previas y esperan que los tribunales de justicia ayuden a terminar con estos graves vertidos que atentan contra la salud y el medio ambiente.

Tras la denuncia presentada por Ecologistas Extremadura el pasado 19 de Noviembre de 2019 se iniciaron las investigaciones que según esta Asociación han corroborado la gravedad de los vertidos sin depurar que se están produciendo. 

Lamentablemente se siguen produciendo vertidos contaminantes, pero desde esta Asociación esperan que la acción de la justicia depure responsabilidades y se obligue a que por fin se depuren adecuadamente los vertidos.

Desde este colectivo a raíz de noticias que ponen de manifiesto la presencia de COVID-19 en aguas residuales en Barcelona recuerdan que ha habido varias roturas en las canalizaciones de aguas fecales sin depurar de esta localidad, que posteriormente ha sido noticia por tener un foco bastante importante que incluso ha provocado que se cierre el colegio de Torremejía de forma preventiva y creen que no estaría de más investigar si puede haber alguna relación con los infectados con el virus de vía de transmisión desconocida.

Arroyo tripero contaminado en Torremejía 22 de Septiembre 2020


Ecologistas Extremadura puso en su día en conocimiento del Seprona y de la Consejería de Sostenibilidad y transición ecológica que en el paraje de San Isidro de Torremejía se venían  produciendo a diario vertidos de aguas residuales muy contaminadas sin depurar al arroyo Tripero, creando afecciones muy negativas al medio ambiente, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y a la salud de las personas.

El arroyo contaminado al lado de una vivienda 22 de Septiembre 2020

En donde debería estar funcionando la depuradora hay unas balsas de aguas contaminadas , también a su paso por la localidad se aprecia perfectamente la contaminación del arroyo con aguas sucias malolientes que indican una contaminación muy alta, también se encontró una importante cantidad de residuos plásticos de pequeño tamaño en el paraje de San Isidro. 

Este colectivo solicitó que se documentaran los vertidos contaminantes  y se procediera a emitir denuncia de los hechos, transmitiendo los mismos a la fiscalía de medio ambiente, ya que podría ser constitutivos de delito, lo que ahora tendrán que dilucidar los tribunales en defensa del bien común. A raíz de las investigaciones realizadas por el SEPRONA que culminaron en Mayo de 2020 se instruyeron diligencias que se encuentran actualmente en un juzgado de instrucción de Mérida.

Ecologistas Extremadura tiene colgados en su canal de youtube algunos vídeos ilustrativos y fotos del arroyo del 22 de Septiembre de 2020.






viernes, 7 de febrero de 2020

Preocupación por la gestión de las denuncias ambientales

Ecologistas acusan a La Junta de Extremadura de llevar años archivando denuncias relativas al medio natural
La Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, tras petición mediante la vigente ley de acceso a la información ambiental (Ley 27/2006) afirman desde Ecologistas Extremadura deberá responder en relación al número de las denuncias iniciadas, del número de denuncias tramitadas, a la falta de cobro de las mismas, y en su caso a la escasa cuantía económica de las sanciones. El plazo para resolver cumplió hace semanas, y dado que la respuesta no llega van a recurrir al Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno
La experiencia de esta ONG es que comunica a la Junta de Extremadura, hechos que pueden ser constitutivos de infracciones ambientales en materia de conservación de la naturaleza y/o protección ambiental, y finalmente se archivan las denuncias, no son rigurosos en respetar el derecho de ser parte interesada (pese a que debe remitir copia de la resolución final según Decreto 9/1994), y cuando las tramitan: generalmente las califican como infracciones leves y las gradúan con la mínima sanción. Esta percepción, desde esta asociación se quiere sea avalada por datos, porque así nos lo transmiten incluso empleados públicos de la propia administración regional.
Contaminación en el río Tajo
 Esta forma de actuar de la Junta de Extremadura, tiene como efecto que el contaminar, deteriorar el medioambiente y la salud humana, así como infringir la ley sea más barato que el cumplirla. Y a su vez que tengamos que pagar entre todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, la restauración y recuperación del medio ambiente dañado por los infractores. De tal forma que el poco dinero que hay para medio ambiente se vaya a solucionar las agresiones de unos pocos, que actúan de forma ilegal, impune y con el aparente beneplácito de la administración, o mejor dicho de los políticos y autoridades (cargos políticos al fin y al cabo).
Así mismo, según la información facilitada por diversas organizaciones sindicales (SGTEX), se observa que existe diverso personal técnico realizando labores de ASESORÍA JURÍDICA, lo que apunta a que presuntamente las funciones que estén desarrollando, sea la de tramitar las infracciones y sanciones, cuando estas funciones están reservadas exclusivamente a personal funcionario, como se recoge en nuestra Ley 13/2015, de 8 de abril. Por otro lado, y tal como recoge nuestra Ley de Hacienda de Extremadura, son derechos de la Hacienda pública, entre otros: “El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias”. Por lo que se preguntan si tal como se recoge en el código penal, es su artículo 305 y siguientes, podrían considerarse como presuntos delitos contra la hacienda pública: “El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local…”
Recuerdan desde Ecologistas Extremadura que este personal no funcionario con contratos más precarios (aunque a menudo cuesten más a la adminisración) puede ser más sensible a presiones y saben que tienen menos responsabilidad legal en caso de cometer una ilegalidad,
Con estos índices de ineficiencia e inseguridad jurídica consideran comprensible que la administración de la Junta de Extremadura sea costosa y no resuelva los problemas ambientales, y sobre todo que no los prevenga, ni se encargue de la restauración de los hechos denunciados (algunos especialmente graves).
Arranque de encinas para cambio de cultivo realizado sin permisos
Según su propia experiencia, y así afirman lo vienen denunciando desde hace años, es que el origen del problema está en el supuesto escaso interés de los políticos que dirigen la Comunidad Autónoma de Extremadura en hacer cumplir la normativa ambiental. Por eso intervienen en los procedimientos administrativos personalmente o indirectamente mediante el recorte de medios, la creación de estructuras administrativas inoperantes y sobre todo mediante la colocación a dedo en puestos decisorios a personas (libre designación sin convocatoria pública, comisiones de servicios o con favores administrativos clientelares) que no hacen denuncias o que no lleguen a tramitarse correctamente, o las archivan o devalúan, y darle un falso rigor normativo.
Por supuesto reconocen que puede haber deficiencias en el personal que realiza las denuncias, y así lo han detectado en algunos casos. Sí esa fuera la causa, y con los datos que tiene la propia Junta de Extremadura, se demuestra que la Consejería con competencias en medio ambiente, está dirigida, jerarquizada y organizada para que no se tramiten las denuncias, ya que no ha adoptado medidas drásticas para evitar y resolver tales errores o deficiencias. La situación es tal, que por poner un ejemplo en el colectivo de Agentes del Medio Natural, encargados por ley de hacer cumplir la normativa ambiental, hay un déficit de plantilla cercano al 30 %, lo que resulta indignante cuando se escucha a nuestros políticos hablar del paro.
La situación es tan grave y tan arraigada en el tiempo y en la cultura administrativa y política de la Junta de Extremadura, que afirman es necesaria la adopción de medidas urgentes y drásticas para que el artículo 45 de la Constitución Española (“todos tienen derecho a un medioambiente saludable….”) sea efectivo y vivamos en una sociedad más justa, que no favorezca al delincuente en detrimento de las personas que respetan el medio ambiente.
Construcción denunciada por Ecologistas Extremadura en ZEPA
MÁS INFORMACIÓN:










miércoles, 22 de noviembre de 2017

Una de las rutas más frecuentadas de la Vera, en la “uci” medioambiental.

La conocida como “ruta del Trabuquete” que discurre por la margen izquierda de la Garganta Jaranda, en el término de Guijo de Santa Bárbara, ha sido gravemente alterada como consecuencia de las excavaciones que se están llevando a cabo en estos 2km que aproximadamente comprende.
En la ruta se aprecian ahora las antiguas tuberías, aunque la mayor parte están enterradas
Unas obras que además de alterar severamente este entorno, añade un grado más de gravedad a la actuación en sí, pues se trata de unas obras que han extraído las antiguas conducciones de agua. Estas conducciones, realizadas por aquel entonces con tuberías de “uralita”, las cuales por su composición de amianto están sujetas a estrictas normas de manipulación y transporte debido a su alta peligrosidad de no manejarse acorde a la normativa legal. Peligrosidad que no ya sólo para el terreno, las aguas y el aire acarrean, sino incluso para los propios trabajadores que ante la forma en la que se están desarrollando las obras, están expuestos a esta y por tanto son susceptibles de desarrollar algún problema de salud a medio o largo plazo.
Estas conducciones son extraídas sin ningún protocolo fracturándose en múltiples trozos, los cuales no son retirados, sino que al proceder al relleno de la zanja se mezclan con la tierra y rocas extraídas previamente, quedando expuestos muchos al exterior y otros tantos cubiertos.

Hay que recordar que la normativa de aplicación en cuanto al manejo de estos productos que contienen amianto, es un R.D., el 396/2006 de 31 de marzo, por lo que su falta de cumplimiento pudiera ser constitutivo de delito, más aún, si consideramos que todas estas actuaciones se realizan en una zona que tiene además consideraciones legales para su protección, como puede ser la de estar catalogada como “LIC río y Pinares del Tiétar” y estar sometida a la zona de policía del margen de la Garganta Jaranda.




tubería nueva y a la izquierda tubería con amianto

miércoles, 2 de agosto de 2017

Las ONGs conservacionistas de Extremadura advierten que la mina de litio será una catástrofe ambiental para la ciudad de Cáceres y su entorno

El proyecto contempla construir una mina a cielo abierto de al menos 300 metros de profundidad, lo que supondrá la voladura de millones de toneladas de tierra y rocas, generando un enorme agujero de más de un kilómetro de diámetro
También está previsto el tratamiento de las menas de litio con procesos de lixiviado en ácido sulfúrico y de calcinación con sales de sulfato, lo que implicará un enorme consumo de agua y la generación de residuos muy peligrosos
Tras informar a colectivos sociales y vecinales de la ciudad, se acuerda la creación de una plataforma llamada “Salvemos la Montaña de Cáceres”.
Vista del valle. A la izquierda cerro donde hubo antigua mina. A la  derecha ladera de umbría de la Sierra del Portanchito. El Santurario no sale en la foto, estaría a la derecha. marcadas zonas con concesión de prospección
 Las principales ONG dedicadas a la conservación de la naturaleza de Extremadura –Ecologistas Extremadura, SEO/BirdLife, Adenex, Ecologistas en Acción, la Sociedad Extremeña de Zoología, AMUS, GRUS, DEMA y la Fundación Global Nature – quieren alertar a la población sobre los enormes riesgos ambientales de esta mina a cielo abierto para la obtención de litio a escasos tres kilómetros de la ciudad de Cáceres.
Las voladuras para la apertura de la mina y la extensión de la misma para alcanzar las zonas más profundas con vetas de litio, que los informes de la empresa australiana Plymouth Minerals sitúan a 300 metros, hará desaparecer todo el valle del arroyo Valhondo, a los pies de la Sierra del Portanchito, produciendo vibraciones constantes que afectarán a todas las construcciones del entorno, así como emisión de polvos, ruidos y tráfico de vehículos pesados. Las enormes cantidades de explosivos deberán ser transportados regularmente a la zona y almacenados en polvorines, generando una circulación de materiales muy peligrosos que puede alterar la circulación en las carreteras cercanas y suponer riesgos notables para ciudadanos y conductores.
Para la obtención del litio a partir de los millones de toneladas de piedras y rocas que pretenden ser extraídas de la mina, no muy lejos deberán instalarse los complejos para la lixiviación con ácidos y la calcinación con sales de sulfato, que son los procesos descritos por la empresa minera australiana en sus informes sobre el yacimiento cacereño. La lixiviación requiere el empleo de millones de metros cúbicos de agua para la disolución del mineral y su reacción con ácidos, para lo que normalmente se usan grandes cantidades de ácido sulfúrico. Todo el proceso genera lodos y aguas fuertemente contaminadas que deben depositarse en enormes piscinas o depósitos de decantación, como el de Aznalcollar, que en 1998 sufrió la rotura de su dique de contención causando un desastre ambiental que contaminó gravemente el cauce del río Guadiamar, principal aporte de agua a las marismas de Doñana. En este caso, la cuenca amenazada por los vertidos y la contaminación sería la del río Guadiloba y el embalse del mismo nombre, que es el embalse de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cáceres y su entorno (más de cien mil habitantes).
Otro proceso descrito para la futura obtención de litio de la mina cacereña sería la calcinación de las menas de mineral para la obtención de carbonato de litio como producto final. Se trata de la cocción en hornos a altas temperaturas, con sales de sulfato, generando importantes emisiones de gases de combustión.
Las ONG ambientales de Extremadura reconocen que el litio es una materia prima valiosa, altamente demandada para la producción de baterías de última generación, pero su extracción a cielo abierto en las inmediaciones de Cáceres constituye un proyecto catastrófico para el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos del entorno.
La minería a cielo abierto es la opción más barata y más destructiva para el medio ambiente, existiendo alternativas más costosas que, al parecer, las empresas mineras relacionadas con los estudios de viabilidad del yacimiento cacereño no se están planteando. Por otro lado, los procesos de obtención del mineral son altamente contaminantes en todos los casos, exigen grandes recursos de agua que no existen en la zona y provocan residuos peligrosos que ponen en riesgo la salud de las personas y miles de toneladas de escorias que destruirán el paisaje circundante.

Por todo ello y ante la grave preocupación de numerosos colectivos ciudadanos, el lunes 31 de julio se celebró una reunión informativa en la que se acordó la creación de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, que de momento cuenta con el apoyo tanto de las ONGs ambientales de Extremadura, como de la Agrupación Vecinal de Cáceres, del colectivo Amigos de la Ribera del Marco, de la “Plataforma Cáceres se mueve”, de la Asociación de Vecinos del Residencial Universidad y de otras asociaciones ciudadanas, particulares y propietarios de la zona afectada. En breve esta plataforma será presentada públicamente e iniciará una batería de actuaciones para salvar la Montaña de Cáceres y su entorno.






domingo, 20 de febrero de 2011

La escombrera de Guadalupe Denunciada ante la fiscalía de medio ambiente


Ecologistas Extremadura ha presentado la pasada semana una denuncia ante la fiscalía de medio ambiente de Cáceres por lo que considera un grave atentado medioambiental

La asociación conservacionista, siguiendo su política contra este tipo de basureros de residuos inertes (y orgánicos en muchos casos) dispersos por toda la región y sin un control adecuado por las administraciones responsables, ha denunciado esta semana la enorme escombrera que se emplaza en las cercanías de la villa de Guadalupe
Haciéndose eco de las quejas e información de varios ciudadanos de la propia localidad monumental y de fuera, la asociación ecologista ha decidido presentar dicha denuncia para que se investigue la responsabilidad del mantenimiento de este enorme acúmulo de residuos en este enclave y para que se detengan los vertidos en él. 


La denuncia esta basada en el emplazamiento ilegal que tiene esta escombrera que no es otro que, prácticamente, el cauce (sus cercanías; a menos de 50 metros del cauce) de un importante río de la cuenca del Tajo, el Guadalupejo, río que dio nombre a la emblemática Guadalupe, y que por si mismo tiene un importante valor por su elevada calidad ambiental (está catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria y declarado espacio protegido por la Junta de Extremadura bajo la figura de Corredor Ecológico y de Biodiversidad).

La localización de estos acúmulos de residuos además de incumplir varias leyes, supone un grave impacto ambiental sobre las aguas fluviales debido a que se producen arrastres de contaminantes por lixiviación, que terminan finalmente en los cursos fluviales. Aunque se llamen inertes, entre estos materiales suele haber materias como metales pesados, amianto, etc., catalogadas como altamente contaminantes.


Ecologistas Extremadura ha señalado asimismo en su denuncia el enorme impacto estético y paisajístico que supone la escombrera sobre la villa de Guadalupe, de importancia turística, cuyo monasterio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, y pide que se sea más cuidadoso con los emplazamientos y control de estos residuos, que podrían ser reciclados y reutilizados en obras públicas y otros tipos de construcciones, como ya se hace en muchos lugares.

lunes, 11 de mayo de 2009

Admitida queja por incumplimiento ley acceso a información ambiental en Extremadura

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas admite la queja formulada por la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo por el incumplimiento reiterado por España del Convenio de Aarhus.

El origen del Convenio de Aarhus hay que buscarlo en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, y parte del reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente que les permita garantizar su salud y bienestar. Junto a ese derecho, tienen también el deber, tanto individualmente como en asociación con otras, de protegerlo y mejorarlo en interés de las generaciones presentes y futuras.

Con objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho-deber, reconoce y regula tres derechos instrumentales: el derecho de acceder a la información ambiental, el de tomar parte en las decisiones sobre el medio ambiente o con efecto en el mismo, y el derecho de acceder a la justicia.

España depositó el instrumento de ratificación del Convenio el 29 de diciembre de 2004, convirtiéndose en fuente directa de nuestro ordenamiento jurídico con su publicación el 16 de febrero de 2005, entrando en vigor el 29 de marzo del mismo año.

Para cumplir lo establecido en su preámbulo, definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio y lleve a cabo la transposición de dichas Directivas al ordenamiento interno, y teniendo como punto de partida el artículo 45 de
la Constitución, que configura el medio ambiente como un bien jurídico, se promulgó la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia.

Para tomar conciencia de lo que supone el Convenio, podemos referir lo manifestado por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan (1997-2006) que afirmó: "[...] representa la aventura más ambiciosa en el área de la democracia medioambiental tomada bajo el auspicio de las Naciones Unidas".

La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo ha podido constatar, y sufrir, que el Reino de España, y más concretamente la Comunidad Autonómica Extremeña y los Ayuntamientos que la componen, han incumplido en prácticamente todas sus actuaciones los tres principios básicos del Convenio. El derecho de acceder a la información ambiental, el de tomar
parte en las decisiones sobre el medio ambiente o con efecto en el mismo y el derecho de acceder a la justicia.


Arroyo Harnina de Almendralejo
Este arroyo soporta grandes niveles de contaminación

Considerando lo expuesto, la Plataforma decidió realizar un informe sobre este incumplimiento tomando algunos casos prácticos como ejemplos. En el informe se incluyeron copias de los documentos que mostraban la veracidad de lo denunciado. El día 18 de febrero de 2009 se remitió al Comité de Cumplimiento del Convenio. El 7 de mayo el Comité comunica a la Plataforma que, ?habiendo considerado la admisibilidad de la comunicación en su
reunión vigésima tercera (30 de marzo - 3 el abril del 2009), en una base preliminar ha determinado admitirlo?. También, se informa que se remite la queja al Ministerio de Medioambiente para que realice las alegaciones que estime oportunas. Esta admisión es muy importante, teniendo en cuenta que desde 2004, primer año del cual hay información de las quejas aceptadas por el Comité, solamente ha admitido 37 de toda Europa.

La Plataforma considera de importancia capital que la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sea consciente de los reiterados incumplimientos al Convenio, que ha generado un estado de conflictividad social intolerable. Que las asociaciones son menospreciadas. Que los
ciudadanos son perseguidos, insultados, criminalizados , simplemente por intentar cumplir con el derecho-deber establecido en él.


Chimenea de Vinibasa, la dificultad para acceder a información sobre esta industria contaminante es uno de los motivos de la queja, afortunadamente la chimenea ha dejado de emitir humos, aunque no por los evidentes incumplimientos de la normativa, sino por un grave incendio que sufrió


Los miembros de la Plataforma concluyen que es imprescindible que se modifique la Ley 27/2006, de 18 de julio, de forma que el derecho a la justicia gratuita para las organizaciones que en sus estatutos tienen como uno de sus fines la defensa del medioambiente, sea establecido de forma clara y precisa que impida, como ocurre en la actualidad, que se le pueda dar una interpretación jurídica contraria al espíritu de la norma. Sin un acceso gratuito a la justicia, todo el Convenio queda en papel mojado, pues una vez agotado el procedimiento administrativo, no hay ninguna vía para recurrir las decisiones de la administración que por acción u omisión
incumplan lo establecido en él.
Además, esperan que los gobiernos locales y regionales tomen nota y empiecen a trabajar para hacer efectivo los tres principios de Aarhus acordados por toda la comunidad internacional.

La queja en la página oficial de La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas

Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo
Página web: http://perso.wanadoo.es/plataforma_cc/

sábado, 27 de diciembre de 2008

Ecologistas Extremadura pone en funcionamiento en internet un Localizador de Impactos Ambientales

La asociación Ecologistas Extremadura ha puesto en marcha un mapa interactivo en Internet que permite visualizar en Extremadura, con todo detalle, la localización exacta de impactos medioambientales enviados por los usuarios que se registren en este "Localizador" para permitir a las administraciones públicas responsables corregir y solucionar dichos problemas.
Aunque se puede acceder a la nueva herramienta desde la web www.ecologistasextremadura.org, también se puede entrar tecleando la dirección:

http://localizadorimpactoambiental-ex.blogspot.com/

Para subir datos en el "Localizador de Impactos Ambientales de Extremadura" como usuario, es necesario registrarse enviando a la dirección locimamb@gmail.com, un correo con el nombre completo, dirección, teléfono y DNI o número de pasaporte. Cada impacto localizado en el mapa aparecerá con un nombre de usuario propuesto por cada persona registrada, a fin de proteger su integridad contra posibles represalias. Es preciso también registrarse en Google para poder entrar. Una vez se da acceso, para localizar los impactos que se quieran poner de manifiesto, se explica en la web en detalle como hacerlo. También pueden enviarse a la asociación fotografías que ilustren las localizaciones de cada impacto.

Escombrera en Cheles una de las agresiones ambientales incluidas en el localizador de impactos

La idea del Localizador de Impactos Ambientales de Extremadura surgió a raíz de descubrir la gran cantidad de pequeñas escombreras que hay diseminadas por Extremadura, como las situadas en las inmediaciones de la ciudad de Badajoz y que fueron denunciadas por el grupo local de Ecologistas Extremadura en este municipio. Muchos de los impactos ambientales que aparecen en nuestros pueblos y ciudades podrán ser corregidos por las administraciones con la ayuda de usuarios particulares que los pongan en evidencia, facilitando de esta manera la actuación de la administración.
Así, a modo de ejemplo se han subido a este mapa interactivo la localización de unos 20 impactos; la mayoría son pequeñas escombreras situadas en los alrededores de Olivenza, pero también hay algunos otros como un motor para extracción de agua para riego en el río Gévora (que vierte aceites contaminantes al río), en las cercanías de Valdebotoa, un núcleo de construcciones ilegales en terreno rústico de la ZEPA de Sierra de San Pedro en el paraje de las Almeidas en término de Cáceres, otra gran escombrera en el término municipal de La Zarza, próxima al río Guadiana o tres vertidos de aguas negras sin depurar al Guadiana en la ciudad de Badajoz, a los que las administraciones responsables no han hecho ningún caso desde que se denunciaron por el grupo local de Ecologistas Extremadura en Badajoz.
Especial mención merecen nuevos impactos detectados por la asociación con motivo de la puesta en funcionamiento de esta herramienta en Internet: Concretamente se trata de dos escombreras situadas en Cheles y de otra zona convertida casi en un basurero en este municipio, en un entorno donde se sitúan unos contenedores en un estado de deterioro lamentable; los tres impactos se sitúan prácticamente en el casco urbano de esta localidad. En el localizador aparecen incluso fotografías de estos impactos ambientales.


Escombrera en Cheles una de las agresiones ambientales incluidas en el localizador de impactos

Desde esta asociación consideran que la gran cantidad de impactos que los miembros de esta asociación conocen y que irán colgando en este localizador ponen de manifiesto la insuficiencia de agentes del medio natural y del SEPRONA en Extremadura, por ello piden un aumento significativo del número de agentes que velan por la protección del medio ambiente en la región para poner freno a tantas agresiones a la naturaleza.


Construcciones ilegales en la ZEPA de la Sierra de San Pedro también incluidas en el localizador de impactos


La intención de Ecologistas Extremadura, obviamente, no es la de afear la imagen de los pueblos de nuestra comunidad, haciendo visibles en Internet estos problemas medio ambientales. Lo que pretende llevarse a cabo con la creación de este mapa es evitar y corregir estas situaciones, y requerir a las administraciones públicas responsables que pongan en marcha una estrategia para impedir nuevos daños diseminados y descontrolados sobre nuestro entorno. En este sentido, hay que señalar que los grandes impactos y amenazas ambientales como la Central Nuclear de Almaraz, las grandes obras de infraestructura (autovías, tendidos eléctricos) o las presas y embalses, se escapan de los objetivos de este localizador de impactos, ya que están perfectamente localizados geográficamente. De cualquier forma, estos grandes daños sobre el medioambiente de Extremadura continúan siendo, obviamente, objetivos prioritarios de esta asociación ecologista.

Más imágenes ilustrativas en:
http://www.flickr.com/photos/31980123@N02/

jueves, 1 de diciembre de 2005

Piden se acabe con la contaminación en ríos extremeños


Ante la sorpresa por la escandalosa decisión de la Comisión Europea de no ejecutar la multa impuesta por el Tribunal de Justicia, en relación a la contaminación de aguas de baño en España. Piden se facilite información precisa y clara, y que se acabe con los problemas de contaminación que parecen existir en algunos lugares de baño de Extremadura y se incluya muchos puntos de baño de la región no declarados a la comisión europea ampliamente utilizados.

Ecologistas en Acción de Extremadura pide que se aclare cual es la situación de determinados lugares de baño de Extremadura que están incluidas en este estudio, como la garganta de Cuartos, la garganta de Pedro Chate o el río Guadiana a su paso por Medellín, que por parte de la Unión Europea se consideran no aptas para el baño y creen que lo importante es tomar medidas que acaben con todo tipo de contaminación de nuestra aguas, ya que circulan informaciones contradictorias al respecto que no son nada tranquilizadoras para el ciudadano, ni favorecen el uso turístico de las mismas, que es de gran importancia local.

Por otra parte, manifiestan su sorpresa por lo pocos lugares de Extremadura estudiados y piden se incluyan muchos puntos de baño ahora excluidos del estudio y que son ampliamente utilizados, porque consideran que lo importante es garantizar la salud de los ciudadanos y la conservación de nuestros ríos.

Garganta de Cuartos. Según la comisión, no apta para el baño.

Creen muy útil que antes de iniciar la temporada de baño, y tal y como ya hace la comisión Europea, se publiquen con absoluta transparencia los cauces (o tramos de los mismos) aptos y no aptos para el baño en Extremadura, así como los lugares prohibidos por tener otros usos incompatibles o entrañar riesgo, siendo muy interesante su señalización, de manera que los extremeños o los turistas que visiten la región sepan con claridad absoluta a que atenerse, opinan que sería muy interesante la actualización semanal de dichos datos, especialmente en las zonas de mayor uso.

Todo ello tendría que complementarse con la persecución efectiva de quienes en muchos casos de forma impune contaminan los cauces extremeños, ante la ineficacia o complicidad de las administraciones que deben velar por ellos y que sitúan a Extremadura como la segunda región Española que peor depura las aguas residuales de sus poblaciones.