En
mayo y en diciembre del año 2011, la asociación Ecologistas
Extremadura presentó ante la Dirección General de Medio Ambiente
del gobierno regional un escrito en el que explicaba que los trabajos
de extracción de áridos, que se estaban desarrollado en el paraje
Los Codos afectaban a un dormidero de aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus)
con 56 ejemplares, del que añadía que posiblemente se trataba del
más importante de la comunidad autónoma, especie incluida en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001). En ese
mismo texto, el colectivo pedía que se ordenase la paralización de
las obras, y recordaba la obligación de notificar la resolución
final sancionadora
Recientemente,
la Junta de Extremadura ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de
Medio Ambiente y Urbanismo de Badajoz las presuntas irregularidades
cometidas en una planta de extracción de áridos ubicada en el
término municipal de Navalvillar de Pela. En concreto, la
explotación está en el paraje conocido como Los Codos, y la
gestiona la empresa Hormigones Escurial-Cortés, cuya actividad en
esta cantera ha dado lugar a varios informes y denuncias
administrativas en los últimos años.
Según
parece han sido múltiples los incumplimientos de la vigente
legislación en materia de protección ambiental, y la actividad se
ha venido realizando sin un plan al respecto, que minimizase los
posibles impactos ambientales. Las primeras actuaciones datan de
agosto del año 2009 y desde entonces hasta el mes pasado hay más de
35 documentos relacionados con la actividad desarrollada en esa
planta. Entre otros textos con sello oficial, hay cuatro informes de
denuncia, cuatro notificaciones de expediente y paralización de
actuaciones, tres informes de incumplimientos de órdenes de
paralización, dos oficios de denuncia, otros nueve informes, una
denuncia de una asociación ecologista y una sentencia del TSJEx
(Tribunal Superior de Justicia) de Extremadura. En esta última, que
es de enero del año pasado, la Sala rechaza el recurso que la
defensa de la empresa presentó contra una sanción calificada como
muy grave.
Lo
que ha hecho la administración regional ahora es remitir a la
Fiscalía la documentación que tiene sobre las supuestas
ilegalidades en la actividad que se desarrolla en esta cantera. La
base de esta información es el trabajo desarrollado por los Agentes
del Medio Natural, adscritos a la Dirección General de Medio
Ambiente del Ejecutivo autonómico. Su actividad de vigilancia
-tienen por ley la consideración de agentes de la autoridad y
policía judicial- ha derivado en la presentación de diferentes
informes y propuestas de denuncia.
La explotación está en Navalvillar de Pela y las primeras denuncias por estos trabajos son de 2009
La
última actuación en este sentido levanta acta de tres actividades
que podrían ser motivo de una nueva sanción, y que consisten en
extracciones con unos volúmenes aproximados de 9.600, 5.280 y 1.380
metros cúbicos respectivamente. En la primera de estas tres áreas
de actuación, la profundidad media de la excavación es de dos
metros.
En
el informe que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía ha remitido a la Fiscalía se menciona la
posibilidad de que la empresa haya cometido tres tipos de delitos:
contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la
ordenación del territorio, y por último, relativos a la protección
de la flora, la fauna y los animales domésticos.
Tras
remitir toda la información a la Fiscalía, el siguiente paso es que
esta decida si aprecia indicios de ilegalidad y por tanto procede
trasladar el caso a la vía judicial.
Enalces relacionados:
La
vigilancia, protección e inspección del medio ambiente puede y debe
llevarla a cabo, prioritariamente, el Cuerpo de Agentes de Medio Natural
de Extremadura, ya que dichas competencias son de su ámbito de
atención, profesionalización y desempeño. Ello evitará la invasión de
competencias y tareas entre cuerpos, máxime en un momento en el que hay
que evitar solapamientos de funciones entre colectivos de servicio
público, lo que está en línea con la necesaria mejora de la gestión de
los recursos que la ciudadanía pone al servicio de las Administraciones
Públicas.
