Ecologistas en Acción de Extremadura, después de un detenido análisis con la información disponible, rechaza rotundamente el macroproyecto turístico-inmobiliario que pretende construir Marina Isla de Valdecañas , filial de Marina de Islantilla, en el embalse de Valdecañas, porque es un ejemplo del modelo de turismo insostenible y destructor de los recursos naturales que ya ha creado un amplio rechazo social en otras Comunidades Autónomas.
La asociación ecologista considera que se trata de un macroproyecto que contraviene la legislación ambiental y que es insostenible, no sólo por su ubicación, dentro un espacio declarado ZEPA y supuestamente protegido ambientalmente por sus valores, sino también por sus enormes dimensiones y características constructivas, que en todo caso requerirán una exhaustiva evaluación de su impacto ambiental con la participación pública de los ciudadanos que se puedan considerar afectados.
A su juicio, la construcción de las instalaciones residenciales, hoteleras, deportivas y recreativas podría afectar muy negativamente a especies protegidas por la legislación autonómica, estatal y comunitaria que han establecido en el lugar elegido sus lugares de descanso o reproducción . Entre los efectos perjudiciales del proyecto mencionan, de un modo muy destacado, un enorme despilfarro de agua, un recurso cuya escasez se verá agravada por efecto del cambio climático y que pone en cuestión la viabilidad del proyecto debido a las probables reducciones de este recurso en los próximos años, ante lo que deberán ser prioritarios otros usos más rentables social y ecológicamente hablando que el riego de campos de golf o del césped que conlleva el modelo de urbanismo disperso que parece promoverse desde algunas administraciones públicas.
Además, el proyecto produciría una ingente cantidad de residuos y de diversas sustancias contaminantes, tanto en su fase de construcción como de funcionamiento, en unas cuantías inaceptables y que tendrían su origen, a título de ejemplo y sin ser nada exhaustivos, en un uso excesivo de energía y de materiales (cemento, vidrio, cerámica, etc) que generan grandes cantidades de CO2 en su fabricación y transporte, o en el fomento de segundas residencias de fin de semana ¡a 175 kilómetros de Madrid!, con el consiguiente aumento artificial e innecesario del tráfico automovilístico privado.
En todo caso consideran que sería más lógico que se rehabiliten las viviendas abandonadas de muchos pueblos extremeños y que se construya en suelo urbanizable, en vez de permitirles a estas grandes empresas construir en terreno que han comprado a precio de suelo rústico, con el que después especulan.
A todo lo anterior la organización ecologista añade que se trata de un proyecto en el que predomina el turismo residencial, a pesar de que éste genera menos empleo y tiene más impacto ambiental que el turismo rural u hotelero. A este respecto Ecologistas en Acción quiere señalar que no encuentra justificadas las estimaciones que prevén 300 puestos de trabajo estables con la realización del proyecto inmobiliario. Da la impresión, continúa el comunicado, que desde las distintas Administraciones Públicas de Extremadura, muchos políticos intentan legitimar actuaciones públicas o privadas que afectan al medio ambiente, exagerando el número de puestos de trabajo que se crearían con tal o cual actuación, mientras ocultan o minimizan sus inconvenientes medioambientales, con el objetivo de neutralizar y desactivar cualquier tipo de oposición ciudadana que demande un poco de racionalidad ambiental y social.
A este respecto recuerdan que la agricultura ecológica, las industrias de transformación a ella asociadas, la protección y restauración del medio ambiente ( mediante planes de restauración ambiental de espacios degradados, de prevención de incendios sustituyendo las especies altamente inflamables que se plantaron en el pasado por especies nobles de mayor valor añadido, de creación y gestión de espacios naturales protegidos, de turismo sostenible, de recuperación de especies, etc.) o el fomento de las energías renovables, como la energía solar; constituyen grandes yacimientos de empleo para un desarrollo rural sostenible que hasta ahora opinan han sido poco potenciados en Extremadura, donde las energías las energías renovables se encuentran políticamente discriminadas respecto a la energía nuclear o la energía de origen fósil, al contrario de lo que sucede en el resto del estado.
Por ello esta asociación ecologista considera que el conflicto de fondo no está, entre empleo y medio ambiente, sino entre beneficios empresariales y salud de los ecosistemas (y de las personas y animales que en ellos viven)
Ecologistas en Acción Extremadura se muestra contraria a la declaración de interés regional del proyecto mostrando, por otra parte, su pleno apoyo a las iniciativas turísticas públicas o privadas que sean auténticamente sostenibles y respetuosas con el medio natural.
Creen que debería hacer reflexionar a quienes se muestran partidarios de este megalómano proyecto la actual situación en la que las actuaciones inmobiliarias asociadas al turismo destructor del litoral mediterráneo que alcanzan sus límites físicos y suscitan un amplio rechazo social, como lo demuestran las iniciativas ciudadanas que han propiciado la reciente oposición del Parlamento Europeo a la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana. Que algunas empresas con pocos escrúpulos, procedentes de otras Comunidades Autónomas, pongan a partir de ahora su vista en Extremadura. Tal vez en la creencia, -que esta asociación ecologista quiere pensar que es errónea-, de que a partir de ahora les podría resultar más fácil y económicamente ventajoso trasladar aquellos negocios potencialmente conflictivos con el medio ambiente a nuestra Comunidad, porque aquí se rebajarían las exigencias medioambientales, pues si la Junta de Extremadura promueve activamente una refinería, o se permite que siga existiendo una central nuclear, ¿por qué no iban a ser permitidos otro tipo de proyectos de impacto socioambiental menos grave?
Campañas de desprestigio y numerosas sanciones administrativas y denuncias contra miembros de la Plataforma Refinería No -incluida una persona que falleció hace dos años-, así como denuncias por atentado a la autoridad inconsistentes y basadas en unos hechos que ni siquiera están probados.
