El pasado 4 de junio ONG´s Extremeñas, nacionales e
internacionales enviaron al presidente de la Junta Extremadura,
Guillermo Fernández Vara una
carta
en la cual le pedían que no subvencionase la tauromaquia y le
exigían transparencia en relación a las ayudas que, desde la Junta,
se preste al sector taurino con fondos públicos. La misiva, firmada
por la Plataforma La Tortura No Es Cultura, Animal Guardians, AVATMA,
Plataforma
Defensa Animal Extremeña y Ecologistas Extremadura, fue
consecuencia de la reunión que el presidente extremeño mantuvo con
el lobby taurino el miércoles 27 de mayo con diversos representantes
del mundo taurino, como el presidente de la Fundación del Toro de
Lidia (FTL), Victorino Martín, el ganadero Borja Domecq, el
empresario Antonio Barrera y los toreros Cayetano Rivera Ordóñez y
Miguel Ángel Perera, y que puso en alerta a las organizaciones
animalistas sobre posibles ayudas públicas al sector.
Las
organizaciones, a las que ahora se une también Adana Badajoz y
Extremadura Ecofeminista, afirman que no han recibido ninguna
respuesta a su carta por parte del Gabinete de Presidencia, ni de
ningún otro organismo del Gobierno autonómico, han visto cumplidas
sus sospechas.
El
BOE
del
viernes
12 de
junio
ha
anunciado las ayudas al sector taurino bajo el epigrafe “ concesión
de subvenciones dirigidas al apoyo y fomento de la cultura taurina en
la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Sin embargo no se anuncian
las cantidades que se destinarán a dicho fin.
De
acuerdo a un informe realizado por El
País,
en esta comunidad autónoma ya se habían presupuestado para 2020 al
menos 1.036.000 millones de euros para ayudar a la tauromaquia.
Esta
semana hemos sabido además que en Extremadura los
ganaderos de toros de lidia podrán acogerse también a subvenciones
a través de la prevista modificación del Programa de Desarrollo
Rural, pero una vez más no se sabe cuáles serán las cantidades.
Todas
estas ayudas económica con fondos públicos se suman a las ya
cuantiosas subvenciones que los ganaderos de lidia reciben del
Programa Agrario Común (PAC) de la Unión Europea. Según reveló
AVATMA
en base a un estudio del propio sector taurino, el
31,6% de los ingresos de las ganaderías de lidia proviene de la PAC.
Esto incumple claramente el objetivo de este programa, que es
proporcionar a los europeos carne de calidad. De todos es sabido que
la carne de animales lidiados es considerada un subproducto cárnico
debido a su bajísima calidad y riesgo de contaminación
bacteriológica y no se admite en cadenas de distribución.
Realmente
cuesta entender que se destinen fondos públicos a un sector ya de
por sí tan subvencionado, considerando el enorme rechazo social que
genera (el 63,5% de los extremeños no está a favor de esta práctica
y el 28% la prohibiría directamente- Electomanía 2020), que a pesar
de las ayudas que ya recibe se encuentra en bancarrota (los festejos
taurinos han caído en Extremadura en un 62% desde 2011- Ministerio
de cultura) y especialmente considerando que la Comunidad
extremeña mantiene en 2018 la tasa más elevada de todas las
regiones en el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y/o
exclusión social (indicador Arope) y tasa de pobreza; la segunda en
privación material severa; y la tercera en la tasa de baja
intensidad de empleo (BITH), con
un 37,6% de su población (404.000 personas) en riesgo de pobreza
(Fuente: “Estado
de
pobreza
2019”).
Además,
el 7 de junio se anunciaron un recorte de 302 plazas en la educación
pública y la cancelación total de ayudas a las Asociaciones
Juveniles de la región, lo que deja a sectores tan importantes como
la educación formal y no formal en una situación de precariedad
absoluta en plena crisis. Según Carmen Ibarlucea, presidenta de la
Plataforma La Tortura No Es Cultura, “Esto
muestra una vez más que la educación y la protección de la
infancia extremeña no es una prioridad para el Gobierno socialista,
pese a ese 48,2%
de infancia en riesgo de pobreza y exclusión social en la región,
pero
la tauromaquia sí lo es”.
La
Junta de Extremadura anunció el martes 26 de mayo que no puede
asumir de momento la subida salarial del 2% para los empleados
públicos debido a las actuales circunstancias derivadas de crisis
sanitaria, que han provocado una caída de la recaudación y un gasto
sanitario sobrevenido. La vicepresidenta primera y consejera de
Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales explicó
que la previsión de la caída de la recaudación, según datos del
Ministerio de Hacienda, ascenderá a 9.500 millones de euros, lo que
supone una caída del PIB del 9,2%, un descenso optimista según
avalan organismos como la Airef, el Banco de España y FMI, que lo
sitúan por encima del 12%.
Desde
la Plataforma Defensa Animal Extremeña, Raquel Moreno señala: “Aún
con todas estas razones económicas, y pese a los datos que hablan
del escaso apoyo de la sociedad civil a la tauromaquia, la Junta de
Extremadura va ha ofrecer un soporte económico, a través de
subvenciones, a un sector que ya está ampliamente subvencionado,
además
del dinero que obtienen por el alquiler de cotos de caza y el turismo
rural”.
“Nos
entristece y nos avergüenza tener que constatar que el poder del
lobby taurino y su capacidad de influencia y presión sobre las
administraciones públicas, llegue a ponerse por delante de las
necesidades de la infancia, de la educación, de la sanidad y de la
verdadera cultura”
añade Ibarlucea. Y recuerda que, además, la participación de
menores de 18 años en eventos taurinos contraviene la recomendación
del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, en Extremadura es habitual la subvención de escuelas
taurinas con dinero público así como la promoción de la presencia
de niños, niñas y adolescentes en las corridas y
encierros.
950.000
euros son destinados a la escuela taurina desde la Diputación de
Badajoz, donde niños aprenden el maltrato y muerte de bovinos,
pudiendolo hacer, según el reglamento de escuelas taurinas de esta
comunidad, con reses vivas a partir de los 14 años, incumpliendo las
directrices del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que en el
2018 instó a España a prohibir la participación de menores de 18
años en festejos taurinos, ya sea como espectadores o como toreros.
Igualmente, esto incumple la Constitución española, por cuanto en
su artículo 20 sobre los derechos fundamentales y de las libertades
públicas, el punto 4 señala que “Estas
libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos
en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y,
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”
En
vista a la realidad, en esta comunidad, la supuesta cultura taurina
está por encima del interés superior del menor.
“Atendiendo
a nuestra carta del 5 de junio, seguimos exigiendo al Presidente de
la Junta de Extremadura que haga públicas las cuentas en las que se
basa el sector taurino para afirmar que, “vía impuestos aporta 549
millones de euros anuales. Igualmente, queremos saber a cuánto
ascienden las ayudas totales que les entregan vías subvenciones”,
concluye Raquel Moreno.
Desde
AVATMA se han realizado tres informes que se pueden consultar en su
web avatma.org , en los que detallan, por ejemplo, las ayudas que se
pueden rastrear en las web de los Ministerios Públicos, así como
los gastos salariales de las explotaciones taurinas y las cuadrillas
contratadas.
