La asociación ecologista
tras la aparente inacción de las consejerías de la Junta de
Extremadura con responsabilidad en la actuación ante este grave
problema medioambiental ha decidido presentar denuncia ante la
Fiscalía de Medio Ambiente ya considera podría haber infracciones
penales en materia medioambiental, administrativa y de los derechos
fundamentales de las personas afectadas por estos graves episodios de
contaminación.
Tras la presentación el
pasado 14 de octubre de tres escritos dirigidos a los consejeros/as
de Sanidad, de Transición Ecológica y de Agricultura por la
contaminación atmosférica procedente de quemas sobre todo con los
excedentes de la cosecha de arroz en los regadíos de las Vegas Altas
y Bajas del Guadiana y no haber recibido contestación por parte de
estas entidades administrativas, y ante la urgencia por detener estos
extensos incidentes de contaminación atmosférica, esta oenegé
ambiental extremeña ha decidido ponerlo en conocimiento de la
Fiscalía de Medioambiente para que actúe de oficio ante lo que se
considera una infracción por dejación de funciones de estos
responsables públicos.
Se trata de una gran cantidad
de contaminación atmosférica que ninguna administración se ha
preocupado de parar (la Junta de Extremadura, se entiende que debería
ser). Además del daño ambiental por el cambio climático y el
efecto invernadero, es también una afección importante para los
pulmones de los habitantes de estos pueblos, e incluso para la
seguridad en las carreteras próximas.
Las quemas en los últimos días se han acrecentado, como se puede apreciar en distintos vídeos colgados en el canal de youtube de la asociación.
La Unión Europea en la
Política Agraria Comunitaria (PAC), concretamente en la
condicionalidad de tal normativa, prohíbe las quemas si no es por
razones de plagas o similares, lo cual no parece ser el caso. Podrían
ser por tanto en opinión de Ecologistas Extremadura quemas ilegales.
En este sentido esta asociación cree que los responsables de la
Junta de Extremadura pueden estar cometiendo un presunto delito de
prevaricación por no detener estas ilegalidades a sabiendas de que
lo son y no impedir a los agricultores implicados la recepción de
las ayudas de la UE cuya regulación es contraria a las quemas de los
sobrantes de la agricultura.
Con respecto a la afección a la salud de los habitantes de estos pueblos, han señalado que se pueden estar vulnerando derechos fundamentales de los habitantes de las localidades próximas (todas las que se sitúan en la franja de las Vegas Altas y Bajas del Guadiana). Al respecto existe jurisprudencia que considera que los olores producidos por actuaciones provocadas por particulares y no impedidas por un ayuntamiento concreto fue considerada como una intromisión en la inviolabilidad del domicilio por el Tribunal Supremo. Hemos de señalar que esta situación lleva denunciándose durante años por diferentes asociaciones medioambientales (desde 2011).
Además, Ecologistas
Extremadura considera que los agricultores y propietarios que queman
los excedentes de la cosecha del arroz y que generan tanta cantidad
de humo a la atmósfera podrían estar cometiendo delitos contra la
seguridad del tráfico en las carreteras cercanas. Así sucedió en
octubre en una carretera entre Vegas Altas y Madrigalejo donde hubo
un accidente presuntamente causado por un incendio cercano que hacía
que la visibilidad fuera muy reducida.
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| La visibilidad gravemente reducida por las quemas, minutos después de esta foto hubo un accidente por colisión en esta zona |
La asociación ha solicitado
a la Fiscalía de Medioambiente:
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Que actúe por que estos graves episodios de contaminación se detengan, de dar las órdenes y hacer las gestiones oportunas para que esto no continúe y se pongan medidas para que no suceda durante otras fechas futuras.
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Que se compruebe si las actuaciones que se han llevado a cabo cuentan con autorización, y en tal caso se verifique por los Agentes de la Autoridad y técnicos si se han cumplido las normativas ambientales-.
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Que se proceda a comprobar y documentar la posible existencia de las infracciones penales ambientales y administrativas, se proceda a tomar las medidas que permitan la suspensión inmediata de las actividades en caso de ser ilegales y se tramite denuncia ante las autoridades competentes para investigar los hechos e instruir expedientes sancionadores y/o causa judicial en caso de ser oportuno
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